Las negociaciones entre el Gobierno de Javier Milei y los gobernadores por el Presupuesto 2025 han alcanzado su pico máximo de tensión. Ante la falta de acuerdo, el Ejecutivo evalúa la posibilidad de prorrogar nuevamente la pauta de gastos de 2023, ya que aseguran que los pedidos de los mandatarios provinciales para el próximo año “generan déficit fiscal”.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que las solicitudes de los gobernadores implican para el Estado un gasto adicional de unos 3.700 millones de dólares respecto a lo pactado en el proyecto elaborado por Luis Caputo. Por este motivo, desde el oficialismo advierten que, “si no hay un cambio de postura” por parte de las provincias, avanzarán con su plan de continuar con el Presupuesto 2023.

“Las negociaciones están trabadas”, afirmaron en la Casa Rosada. Mientras tanto, los gobernadores aliados al Gobierno señalaron que “todavía no cumplen con sus promesas” y que, desde “hace varios días”, no se han producido acercamientos entre ambas partes.

Mientras tanto, en Balcarce 50 ya se realizan planificaciones presupuestarias para programas de 2025 sin contar con los techos establecidos en el proyecto. El encargado de habilitar fondos para las partidas es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien estuvo reunido ayer con el asesor Santiago Caputo.

En este contexto, un sector de la mesa chica de Milei prefiere ampliar la prórroga para manejar la distribución de fondos de manera discrecional, mientras que otro grupo apuesta por una postura “más consensuada” para evitar el control directo del Congreso. Además, analizan que los pedidos de los gobernadores “no afectan la toma de crédito internacional si no hay presupuesto”.

Así, los pedidos de los estados subnacionales incluyen los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no distribuidos, por un total de 293.000 millones de pesos, y el financiamiento de cajas jubilatorias, que representa 322.000 millones. Desde el Ejecutivo adelantaron que “no vamos a cumplir con todas las solicitudes”.

Las Provincias han elaborado un listado de los recortes sufridos, como la reducción de 221.000 millones de pesos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las compensaciones pendientes del consenso fiscal de 2017, por 1.000 millones, y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, por unos 1.700 millones.

Por último, en la Casa Rosada se convocará a sesiones extraordinarias solo si antes del 30 de noviembre se alcanza un acuerdo avanzado con las provincias, fecha en que finaliza el tratamiento ordinario en el Congreso.