El Gobierno abrió varios frentes de negociación con gobernadores y bloques aliados para evitar que la oposición logre derogar el DNU 70/23 en la Cámara de Diputados y, en paralelo, avanzar con las votaciones del Presupuesto 2027 y la Reforma Política que incluye la suspensión de las PASO. La agenda legislativa de las próximas semanas será un toma y daca entre la Nación, que necesita votos en debates clave, y las provincias, que buscan retener poder en sus distritos.
La amenaza más inmediata es la sesión especial convocada para el 15 de octubre, en la que la oposición intentará rechazar el megadecreto que Milei firmó al inicio de su gestión y que desreguló amplios sectores de la economía. El Senado ya lo había rechazado en marzo de 2024, por lo que un voto negativo en Diputados significaría su caída definitiva. El detonante fue un fallo de la Corte Suprema que restableció los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, uno de los 366 artículos del texto.
Si la sesión prospera, una serie de regulaciones hoy suspendidas recuperarían vigencia: la Ley de Alquileres con plazos de tres años y ajuste semestral, la autorización estatal para las subas de prepagas, la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, las restricciones a exportaciones e importaciones, la Ley de Compre Nacional y el marco legal para privatizaciones, incluida la cesión accionaria de Aerolíneas Argentinas.
El Gobierno descarta que la oposición reúna los 129 diputados necesarios para el quórum y trabaja para impedirlo. “Las negociaciones ya empezaron desde el mismo miércoles por la mañana”, aseguran desde la Mesa Política.
El oficialismo cuenta con el respaldo del PRO y de una parte de la UCR, y los gobernadores forman parte del bloque con el que se negocian las adhesiones. Esta semana, varios mandatarios provinciales viajaron a París para participar de la Argentina Week y se mostraron junto al Gabinete Nacional, en un acercamiento que podría traducirse en apoyos legislativos.
La cuestión de la Ley de Tierras podría resolverse por separado. La oposición evalúa varios caminos: incorporar su restitución en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional -como propuso Miguel Ángel Pichetto, una alternativa que varios libertarios consideran la mejor opción-, reflotar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada o aprobar una ley que derogue solo el artículo 154 del DNU.
El Gobierno, por su parte, analiza sacar un proyecto específico para tratarlo separado del decreto completo. “No digo que la tengamos fácil, pero vamos a salir para adelante bien”, sostienen desde la Mesa Política.