El Ministerio de Justicia de la Nación anunció este lunes que auditará todos los pedidos realizados por víctimas del terrorismo de Estado en el marco de las leyes de reparación patrimonial, porque se detectaron irregularidades en la tramitación y el pago de las prestaciones.
La medida tomada a través de una resolución del ministro Mariano Cúneo Libarona pone un freno a la obtención de nuevos cobros hasta que se esclarezca las situaciones irregulares.
La resolución detalla que la auditoría se aplicará debido a un fallo por defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita que dictó la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en la causa “Martínez Moreira, Adrián y otros“.
En dicha causa se proceso a un grupo de personas por varios delitos, entre ellos, falso testimonio y falsa denuncia, además de falsificación de documentos públicos, más defraudación en perjuicio del Estado Nacional.
Pero desde el ministerio a cargo de Cúneo Libarona también explicaron que hay otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas “por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido“.
Por eso, desde la cartera de Justicia explicaron que “articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan“.
De igual manera, Justicia buscará que se devuelvan las indemnizaciones que no corresponden porque han sido “cobradas indebidamente“ y se restituirán al Estado nacional.
