En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno nacional se comprometió a impulsar una reforma estructural del sistema previsional.
Sin embargo, decidió postergar la presentación del proyecto hasta diciembre de 2026. La decisión responde tanto a la complejidad técnica que implica rediseñar el esquema jubilatorio como a razones políticas: evitar el tratamiento del tema en un año electoral y apostar a una futura composición legislativa más favorable tras los comicios de octubre.
Según el informe del staff técnico del FMI, la Argentina se comprometió a una revisión integral del sistema de pensiones, con foco en la equidad y la sostenibilidad. El objetivo es optimizar un sistema fragmentado y avanzar en una mejor correlación entre aportes y beneficios, además de fomentar la formalización laboral.
Esta reforma es considerada por el organismo como una condición clave para fortalecer el “ancla fiscal” del programa económico acordado bajo el esquema de facilidades extendidas.
La iniciativa forma parte de una agenda más amplia que incluye, además, una reforma fiscal y un rediseño del esquema de coparticipación federal, con el fin de alinear incentivos fiscales entre los distintos niveles de gobierno. El FMI advirtió que para avanzar con estas transformaciones será necesario un consenso político amplio y apoyo técnico internacional, dada la limitada capacidad de gestión actual.
Como primer paso, el Gobierno eliminó a fines de marzo la posibilidad de acceder a la jubilación mediante moratoria. En el informe de gestión que el ministro del Interior, Guillermo Francos, presentó en el Congreso, se argumentó que las moratorias perdieron su carácter excepcional y terminaron afectando la sostenibilidad del sistema. “No se puede fortalecer la seguridad social con excepciones, sino con más empleo formal y crecimiento sostenido”, explicó el documento.
Los datos oficiales muestran el impacto de las moratorias en el sistema previsional: más de 4 millones de jubilaciones y pensiones, es decir, el 54,6% del total del SIPA, fueron otorgadas por esta vía. El 74% de quienes accedieron por moratoria son mujeres. En diciembre de 2024, el gasto mensual del Estado en estos beneficios ascendía a casi 1,4 billones de pesos, equivalente al 2,57% del PBI.