El Gobierno nacional busca avanzar con uno de sus objetivos desde que llegó a Casa Rosada, que es la Reforma Laboral. Luego de haber conseguido la aprobación de la Ley Bases, el Ejecutivo no reglamentó el capítulo de cambios en el sistema de empleo hasta esta semana que comenzó su debate en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

La intención de la Casa Rosada es ordenar la agenda de proyectos con estado parlamentario que proponen modificaciones en las leyes 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo y 23.551 de Asociaciones Sindicales. En total, hay 26 iniciativas relacionadas con estas temáticas, pero que fueron presentados por miembros de la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal.

El único proyecto que tiene una firma de un diputado nacional de La Libertad Avanza es el que presentó la legisladora del PRO, Verónica Razzini, que apunta a limitar el poder sindical y otorgar incentivos a las pymes. La rúbrica libertaria trata de Rocío Bonacci.  

Como contrapunto se encuentra una propuesta del bloque de Unión por la Patria, presentados por sus legisladores gremialistas como Hugo Yasky (CTA), Sergio Palazzo y Rosana Bertone, de La Bancaria, en el que buscan blindar la protección que brinda la tutela sindical ante despidos con justa causa de los representantes gremiales.

“La idea es que en la reunión de comisión cada diputado presente su proyecto y luego habrá que empezar a trabajar los consensos para lograr su tratamiento”, reveló un legislador de la oposición dialoguista.

Gran parte de los proyectos presentados por el PRO y la UCR son directamente algunos de los 42 puntos que quedaron afuera del capítulo Laboral que se aprobó en la Ley Bases. Entre ellos figuran la transparencia en el manejo de los fondos de los gremios, la democratización sindical, los aportes sindicales y las cuotas solidarias, entre otros.

La iniciativa que más consenso ha logrado entre el oficialismo y la oposición dialoguista es que él tiene la firma de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo.

Los dirigentes del PRO buscan la obligatoriedad de que los dirigentes sindicales presenten regularmente declaraciones juradas patrimoniales y la limitación de los mandatos a 4 años, con el derecho a ser reelegidos por una única vez.

En segundo lugar, corre la iniciativa de la UCR, encabezada por Martín Tetaz y  Carla Carrizo. Los legisladores radicales buscan una democratización de los sindicatos y de las obras sociales, con medidas como la derogación de la reelección perpetua, la limitación de los mandatos.

También, la inclusión de las minorías en los órganos deliberativos y directivos de los gremios si en las elecciones alcanzan al menos el 25% de los votos de sus afiliados.

A estos dos proyectos se le suma el presentado por Razzini, que replica contenido de la reforma laboral incluida en el DNU 70. La dirigente del PRO señala la supresión de las cuotas solidarias a los gremios mediante aportes de todos los trabajadores de una actividad, afiliados o no.

A su vez, busca incorporar en el Código Penal duras sanciones contra los bloqueos sindicales a las empresas.

“Será reprimido con 3 a 6 años de prisión quien impidiere, estorbare o entorpeciere el acceso a un comercio, industria o establecimiento de cualquier tipo con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio. Si la acción se desarrollare simultáneamente sobre diversos locales o sucursales del mismo comercio, industria o establecimiento, la pena será de 4 a seis 6 años de prisión”, explica el proyecto.