El último informe Human Rights 2022 que elabora el Departamento de Estado de EEUU apuntó sobre los graves casos de corrupción del Gobierno nacional y los ataques del Ejecutivo sobre el Poder Judicial.

El informe anual señaló que había varias investigaciones en curso, entre ellas, contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otras figuras políticas, por la causa Vialidad, donde ya fue condenada en primera instancia.

En ese punto, el reporte indicó que “los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en USD160 millones“, y agregó que “pidieron que sea condenada a 12 años de prisión y se impusiera una prohibición de por vida para servir para ejercer cargos públicos“.

Si bien se destacó que “el gobierno tomó medidas limitadas” para identificar, investigar y enviar a juicio a funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, no fueron suficientes, ya que “no aplicó de manera efectiva” las sanciones penales que establecen las leyes.

El reporte también recalcó que “hubo corrupción y la complicidad oficial en algunas fuerzas de seguridad“.

En ese punto, sostuvo que “los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de las personas involucradas en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y la prostitución. Las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales fueron frecuentes“.

Párrafo aparte para el sistema judicial, al que consideró “politizado“, con “demoras prolongadas”, con “largas lagunas en el nombramiento de jueces”, así como también la “ineficiencia”.

De igual manera, hace hincapié en que “los jueces de algunos tribunales penales federales y provinciales a veces eran objeto de manipulación política” y que los funcionarios gubernamentales de todos los niveles  “no siempre respetan la independencia e imparcialidad judiciales”.

El gobierno de Estados Unidos también puso el foco en violaciones a los derechos humanos, ya que asegura que hay “informes fidedignos de homicidios ilegítimos y arbitrarios, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales”.

Con información de Infobae.