Durante los últimos meses, el Ministerio de Seguridad de la Nación inició una reestructuración de los Centros de Inteligencia Criminal Regionales (CICRE), los nodos encargados de recopilar y analizar información sensible sobre narcotráfico, trata de personas y organizaciones delictivas en distintos puntos del país.
La decisión, impulsada por el director nacional de Inteligencia Criminal, Ramiro Anzit Guerrero, hombre de confianza de la ministra Patricia Bullrich, derivó en cierres, traslados y reubicaciones de personal especializado en provincias como Salta, Tierra del Fuego, Chaco, Córdoba y Mendoza.
Los cambios afectaron la estructura territorial de la inteligencia criminal, con coordinadores reubicados en distintas regiones y oficinas cerradas tras años de funcionamiento.
El CICRE del NOA pasó de Salta a Buenos Aires, el del NEA de Chaco a Iguazú, el de la Patagonia Sur de Ushuaia a Bariloche, el de Buenos Aires de Mar del Plata a La Plata y se ordenó el cierre de Córdoba.
Según fuentes consultadas por La Nación, los traslados fueron abruptos, con plazos de entre 15 y 25 días, sin contemplar las situaciones personales ni familiares de los agentes involucrados. En tanto, el CICRE Cuyo, que debía operar en Mendoza, nunca llegó a funcionar plenamente.
El Ministerio justificó la medida como parte de un “redespliegue” destinado a fortalecer las zonas críticas, en el marco de planes como “Güemes” en el NOA o “Bandera” en Rosario.
Sin embargo, varios de los afectados interpretaron la maniobra como una desarticulación encubierta destinada a desplazar personal experimentado y reemplazarlo por nuevos agentes. La decisión no respondió a motivos presupuestarios, sino a una redefinición interna del esquema de inteligencia.
Algunas voces dentro del propio Ministerio defendieron el proceso al considerar que los CICRE habían perdido relevancia y no lograban coordinar investigaciones ni generar inteligencia criminal útil.
No obstante, otras fuentes sostienen que la medida implica un retroceso, al concentrar nuevamente la información en Buenos Aires y debilitar la presencia territorial. Incluso expertos académicos habían advertido previamente sobre falencias en articulación y recursos, aunque sin plantear la necesidad de un desmantelamiento.
La figura de Ramiro Anzit Guerrero, veterano del área y exfuncionario durante la gestión de Mauricio Macri, reaparece en el centro de la controversia. Su regreso a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal coincidió con desplazamientos de quienes habían intervenido en un sumario administrativo que lo apartó años atrás.
Varios de los coordinadores regionales afectados por los traslados presentaron recursos administrativos y medidas judiciales, pero lejos de revertirse la situación, fueron sancionados.
Los CICRE habían sido creados en 2016, durante la primera gestión de Bullrich, para federalizar la inteligencia criminal y coordinar el trabajo entre las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.
Tras un período de crecimiento y cooperación con agencias como el FBI, su actividad decayó a partir de 2020. Actualmente, el panorama muestra un esquema reducido: oficinas cerradas, personal reubicado y una estructura que deberá reinventarse para no quedar disuelta en medio de una reforma que divide aguas dentro del propio Ministerio.
Con información de diario La Nación.