La Cámara de Diputados debatirá este martes en un plenario de comisiones un proyecto de ley que busca reducir la edad de imputabilidad a 14 años y establecer penas de hasta 20 años de prisión para menores que cometan delitos graves.

El plenario, que comenzará a las 10, se reunirá a las comisiones de Legislación Penal y Justicia; Familia, Niñez y Minoridad; y Presupuesto, presididas por Laura Rodríguez Machado (PRO), Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA), respectivamente. La discusión se centrará en avanzar con un dictamen tras las siete reuniones realizadas el año pasado, donde se integrará la ronda de consultas.

El debate se da en la antesala de la sesión especial convocada por la oposición para este miércoles, en la que se tratarán diversos proyectos vinculados al escándalo de Libra. Mientras tanto, el oficialismo y el PRO intentarán consensuar un despacho que combine la propuesta del Gobierno con otras iniciativas presentadas en la Cámara Baja.

Si bien el Gobierno propuso fijar inicialmente la edad de imputabilidad en 13 años, el consenso mayoritario dentro del Congreso parece inclinarse por los 14 años, una postura respaldada por el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto oficial establece que los menores no podrán recibir prisión perpetua y fijar una pena máxima de 20 años, aun en casos de delitos con penas más altas. Entre los legisladores que apoyan la reducción de la edad de imputabilidad están Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Nancy Picon (Producción y Trabajo) y Carla Carrizo (UCR).

En contraste, el diputado libertario Álvaro Martínez impulsa una baja a 12 años, mientras que Natalia Zaracho (UxP) propone mantener el límite actual y evaluar si los menores de 16 años comprenden la gravedad de sus acciones.

Las distintas iniciativas plantean una reforma del Régimen Penal Juvenil que incluye sanciones alternativas como amonestaciones, restricciones de contacto con las víctimas, prohibición de salida del país, monitoreo electrónico y trabajo comunitario.

Además, se prevén programas educativos, de formación ciudadana y deportivos, junto con la creación de la figura de un supervisor que acompaña la reinserción de los jóvenes infractores.