En una sesión marcada por la tensión, la Cámara de Diputados dio media sanción este jueves a un proyecto de ley que busca garantizar el financiamiento de las universidades públicas, las cuales han visto su presupuesto reducido desde la asunción de Javier Milei como presidente. La propuesta, liderada por la UCR, obliga al Poder Ejecutivo a ajustar, cada dos meses y según la inflación, los gastos salariales y operativos de las universidades desde enero de este año hasta el 31 de diciembre.
La aprobación se produjo en un contexto de paros universitarios que han afectado el comienzo del segundo semestre en muchas instituciones. La discusión en el recinto no fue sencilla, ya que los bloques no habían logrado un consenso previo. Desde el inicio, el oficialismo dejó claro que votaría en contra debido al impacto fiscal que la medida implicaría. El primer dictamen, presentado por Unión por la Patria, fue rechazado con 90 votos a favor y 126 en contra.
El dictamen aprobado
El dictamen que obtuvo la media sanción fue el impulsado por la UCR, que contó con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención. Para conseguir el apoyo necesario, el kirchnerismo respaldó la iniciativa radical, aunque se opuso al artículo 7, que especifica cómo se distribuirán los fondos adicionales entre las universidades.
Este artículo sugiere que la distribución debe basarse en el número de estudiantes, el tipo de programas académicos, el número de graduados, entre otros factores. Unión por la Patria, que defiende a las universidades más pequeñas, especialmente en el conurbano bonaerense, se opuso a este criterio.
La iniciativa también dispone que la Auditoría General de la Nación supervise los presupuestos de las universidades y que estos sean remitidos al Congreso. Además, prevé una expansión progresiva de las becas estudiantiles.
Durante el debate, tanto oficialistas como opositores intercambiaron fuertes críticas sobre las políticas educativas del gobierno de Milei. Los opositores denunciaron que, desde la llegada de la administración libertaria, los salarios de los trabajadores universitarios han disminuido entre un 45% y un 50%. José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, defendió la postura oficialista, argumentando que “no hay recorte en la educación superior” y que el presupuesto asignado ha aumentado considerablemente.
Por su parte, la diputada radical Danya Tavella, autora del proyecto, criticó la tardanza del Congreso en abordar la problemática presupuestaria de las universidades, señalando que la falta de ajuste salarial ha intensificado el conflicto, afectando el inicio del segundo semestre. Tavella subrayó la necesidad de una actualización salarial retroactiva desde diciembre de 2023 para los trabajadores universitarios, en caso de que no se logre un acuerdo en las negociaciones paritarias.
El proyecto ahora pasará al Senado, donde continuará el debate sobre el futuro financiero de las universidades públicas en el actual contexto económico.
Fuente: La Nación