El Gobierno nacional presentará un informe sobre Derechos Humanos en la ONU en el que carga contra el Poder Judicial y la oposición. Tras conocerse que se aprovechará una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para presentar el documento, la oposición salió al cruce.
El documento fue redactado por la Secretaría de Derechos Humanos con el apoyo técnico de la Cancillería, tiene 30 fojas y será presentado en Ginebra este lunes.
De acuerdo con los medios nacionales, en el informe se asegura que jueces y fiscales llevan “procesos penales fraudulentos para lograr la proscripción de figuras centrales del oficialismo como Cristina Fernández de Kirchner“. También arremete contra los medios de comunicación independiente.
La delegación argentina estará encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti y el representante ante los Organismos Internacionales del Gobierno nacional, Federico Villegas Beltrán.
Ante esto, desde Juntos por el Cambio emitieron un comunicado en el que repudian “la acción de los representantes del Gobierno nacional quienes, insólitamente, acusan a su propio país de violar los derechos humanos, para buscar, de esa manera, la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista”.
Y agregan que “es absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
El comunicado completo:
Repudiamos la acción de los representantes del Gobierno nacional en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas quienes, insólitamente, en un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina acusan a su propio país de violar los derechos humanos, para buscar de esa manera, la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista.
Expresamos a las Naciones Unidas que es absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Repudiamos el accionar de los representantes del gobierno y pedimos disculpas a la comunidad internacional por el oprobio que implica mentirle a las Naciones Unidas, acusando a la oposición democrática de la Argentina de participar de complots para vulnerar el Estado de derecho, cuando hace exactamente lo contrario mientras el gobierno insulta a los jueces y pretende expulsar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia con un ridículo pedido de juicio político.
Repudiamos que el Gobierno nacional mienta a las Naciones Unidas respecto de lo que denomina un “criminal endeudamiento del gobierno anterior” en referencia a la actual oposición, cuando dicho endeudamiento fue aprobado por amplia mayoría de las dos Cámaras del Congreso argentino, fue tomado con un organismo multilateral de crédito como el FMI y fue utilizado en sus dos terceras partes para pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales.
Es inédito y penoso que en un evento donde los países bajo examen mundial se esfuerzan por demostrar el cumplimento de los derechos humanos frente a la comunidad internacional, los representantes de nuestro gobierno se encarguen de apuntar a la oposición política, a la justicia, a los sectores económicos y a la prensa, acusándolos colectivamente, de violar los derechos humanos sobre la base de una supuesta “lawfare” utilizada como excusa para evitar someterse al dictado de la Justicia argentina frente a los flagrantes hechos de corrupción que cometieron en su anterior Administracion de gobierno.
El fin que persiguen mediante esta maniobra, es justificar ante la comunidad internacional, la embestida que el Gobierno nacional está realizando en contra de la justicia independiente para cubrirse bajo un manto de impunidad frente a las fundadas y probadas acciones de corrupción.