La senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentó este lunes una denuncia formal contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, ante el Comité de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a través de la cual solicita la apertura de una investigación preliminar por presuntas irregularidades en la conducción del organismo.
Según se desprende del escrito, la denuncia pone bajo análisis la integridad, transparencia y gobernanza de la actual dirigencia del fútbol argentino, en un contexto atravesado por investigaciones judiciales en curso en la Argentina vinculadas a presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial.
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Bullrich calificó públicamente el accionar de los dirigentes denunciados como “mafioso” y sostuvo que este tipo de prácticas “ensucian al fútbol argentino”.
A través de sus redes sociales, cuestionó el destino de los ingresos generados por la AFA y la Selección nacional, y planteó interrogantes sobre premios deportivos, gastos de viajes, contrataciones con empresas vinculadas y presuntas irregularidades en el manejo de aportes y retenciones.
La presentación ante el organismo sudamericano se apoya en documentación oficial, resoluciones administrativas y expedientes judiciales abiertos, y describe un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales de alto valor que, según la senadora, vulnerarían los estándares de buena gobernanza exigidos por la CONMEBOL a sus asociaciones miembro.
Uno de los puntos centrales es la investigación judicial sobre la sociedad Real Central S.R.L., integrada formalmente por Luciano Pantano, monotributista, y Ana Lucía Conte, jubilada y beneficiaria de asistencia social estatal.
De acuerdo con la denuncia, la firma habría sido utilizada como vehículo para la tenencia y administración de bienes de altísimo valor, incompatibles con la capacidad económica declarada de sus socios.
Entre los activos bajo análisis figura una propiedad de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, que incluye una estancia con helipuerto, instalaciones deportivas, pista de entrenamiento equino, haras con caballos de alta competencia y una extensa colección de vehículos de lujo y automóviles clásicos.
La denuncia destaca como “llamativa” la secuencia de transferencias del inmueble: en 2017 fue adquirido por el exfutbolista Carlos Tévez; en junio de 2023 pasó a manos de Malte S.R.L., proveedora oficial de la AFA; y menos de un año después fue transferido a Real Central S.R.L.. Los socios de esta última fueron señalados en la causa judicial como presuntos testaferros.
Además, las expensas y gastos de mantenimiento de la propiedad figuraban a nombre de Wicca S.A.S., sociedad vinculada a la exsecretaria de Finanzas de la AFA, María Florencia Sartirana, y al exdirector general ejecutivo del organismo, Juan Pablo Beacon.
Otro de los ejes del planteo apunta a las contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas a su dirigencia. En ese marco, se menciona el Boletín N.º 6089 de la AFA, fechado el 25 de marzo de 2022, que da cuenta de la contratación directa de Malte S.R.L. por un monto aproximado de 550.000 dólares para la finalización de la instalación del sistema VAR.
Si bien el documento oficial señala que se trata de una empresa de “reconocida trayectoria”, la denuncia sostiene que existen vínculos societarios y personales con exdirectivos de la entidad, lo que abre interrogantes sobre conflictos de interés, falta de transparencia y cumplimiento de deberes fiduciarios.
El crecimiento patrimonial de Real Central S.R.L. es otro aspecto destacado. Informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporados a la causa judicial revelan un incremento exponencial de los activos de la empresa, que declaró la titularidad de más de 59 vehículos de lujo, incluyendo marcas como Ferrari, Porsche, Audi R8, BMW y Mercedes-Benz, además de automóviles clásicos.
Durante los procedimientos judiciales se secuestraron 45 autos de lujo, siete motocicletas de alta cilindrada y dos kartings, todos registrados a nombre de la sociedad. Según la denuncia, este perfil patrimonial resulta “absolutamente incompatible” con la actividad económica declarada: servicios de transporte urbano y suburbano.
En paralelo, se menciona una causa federal vinculada a la firma Sur Finanzas, relacionada con Claudio Tapia, en la que se realizaron más de 30 allanamientos en sedes de la AFA y clubes de fútbol. La investigación analiza presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal, y alcanza a 17 clubes, bajo un esquema de préstamos sobredimensionados y relaciones de dependencia financiera.
A estas causas se suman observaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ), que detectó ocho años de estados contables de la AFA sin aprobación, con partidas observadas que totalizan más de 111 millones de dólares sin adecuada justificación. Asimismo, la DGI presentó denuncias por presunta apropiación indebida de tributos y contribuciones por un monto superior a 7.000 millones de pesos.
La denuncia subraya que el Código de Ética de la CONMEBOL prohíbe de manera expresa la participación directa o indirecta en actos de corrupción, lavado de dinero y ocultamiento patrimonial, y establece la competencia autónoma del Tribunal de Ética para investigar y sancionar estas conductas, independientemente de las causas judiciales en curso.
La presentación concluye solicitando la apertura de una investigación preliminar, la evaluación de las conductas denunciadas y la eventual aplicación de sanciones disciplinarias. Bullrich dejó constancia de que la denuncia podrá ser ampliada si surgen nuevos elementos probatorios durante el avance de las investigaciones.