El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó bajo la lupa judicial en el marco de dos investigaciones paralelas que analizan sus movimientos económicos: por un lado, viajes internacionales de alto costo junto a su familia; por otro, una operación inmobiliaria en Caballito con inconsistencias en su valorización. Ambas líneas son impulsadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita.

En relación a los viajes, la causa incorporó información provista por la aerolínea Latam que confirma un traslado a Aruba entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. Adorni viajó con su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos en primera clase, con escala en Perú a la ida y en Ecuador al regreso.

El costo de los pasajes fue de u$s1450 por persona, lo que totaliza u$s5800. La investigación también contempla otro viaje a Punta del Este, y busca determinar los gastos de alojamiento para dimensionar el nivel de erogaciones realizadas mientras el funcionario se encontraba en funciones.

En paralelo, el expediente avanzó sobre la compra de un departamento en Caballito que presenta elementos que abren nuevas dudas. Según registros extraídos del teléfono de la titular de la inmobiliaria Rucci, el inmueble que adquirió Adorni ya estaba refaccionado y en condiciones “a estrenar” antes de concretarse la operación. Esto contradice la versión inicial sobre el estado del departamento, que había sido vendido previamente en condiciones deficitarias por el exfutbolista Hugo Morales.

La reconstrucción judicial indica que la propiedad fue comprada inicialmente por US$200 mil por intermediarios vinculados a la operación, y posteriormente ofrecida con mejoras visibles. Adorni declaró haberla adquirido por US$230 mil, una diferencia de apenas US$30 mil. Ese margen es el que genera sospechas en la causa: si el inmueble fue refaccionado de manera integral, el costo de esas obras debería reflejarse en el precio final. “¿Las refacciones costaron tan solo 30 mil dólares?”, surge como una de las preguntas centrales del expediente.

La operatoria también presenta características atípicas en su financiamiento. Según consta en la causa, Adorni aportó US$30 mil al momento de la compra, mientras que los US$200 mil restantes fueron cubiertos mediante una hipoteca sin interés otorgada por las vendedoras, las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes declararon no conocer al funcionario. La Justicia busca determinar si existieron intermediaciones o acuerdos previos que expliquen tanto las condiciones de la transacción como el origen de las refacciones.

Con información de Infobae y TN.