En línea con los anuncios realizados por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de ARCA, Juan Pazo, este viernes se publicaron en el Boletín Oficial una serie de resoluciones que eliminan o modifican regímenes información obligatoria para empresas, escribanos, entidades financieras, proveedores de servicios y administradores de plataformas digitales.
Las medidas responden a la decisión del Estado de avanzar hacia una “administración pública más eficiente y menos burocrática, buscando eliminar exigencias normativas que entorpecen la actividad económica”, según marcan los documentos.
El Gobierno destacó que la publicación de estas resoluciones son la primera parte de la medida relacionada a la reparación histórica del ahorro de los argentinos, es decir, de sacar los dólares que están debajo del colchón. La segunda parte incluirá un proyecto de ley enviado al Congreso, que se conformará en los próximos días.
Eliminación de regímenes de información
A través de una resolución general, ARCA dispuso la abrogación de múltiples regímenes de información, entre ellos:
- Operaciones de compra-venta e intermediación de vehículos usados.
- Préstamos hipotecarios, cesiones de derechos y transferencias de inmuebles, a cargo de escribanos.
- Servicios públicos como energía, agua, gas y telefonía, prestados por empresas.
- Información sobre expensas en countries, barrios cerrados y edificios en propiedad horizontal.
Estas medidas, que entran en vigencia de forma inmediata salvo en el caso de escribanos (a partir del 1 de junio de 2025), buscan descomprimir las obligaciones informativas que afrontaban diversos sectores.
Actualización de montos y requisitos en regímenes financieros
Por otro lado, se modificaron los montos mínimos a partir de los cuales ciertos movimientos financieros deben ser informados a ARCA:
- Cuentas bancarias y tarjetas: Ahora, solo se reportarán operaciones mensuales que superen los $50 millones para personas humanas y $30 millones para personas jurídicas, tanto en ingresos, extracciones, saldos y depósitos.
- Tarjetas de crédito: Se actualizan los programas informáticos requeridos y se eliminan notas aclaratorias obsoletas.
- Plataformas electrónicas y PSP: Se establece un nuevo umbral de $50 millones/$30 millones (personas humanas/jurídicas) para reportar ingresos, egresos y saldos mensuales en cuentas digitales. Estos valores se actualizarán semestralmente según el IPC.
Las nuevas reglas comenzarán a aplicarse con la información correspondiente al mes de junio de 2025. La primera actualización de montos se publicará en diciembre de este año y regirá a partir de febrero de 2026.
Según señala el texto oficial, el propósito de estas resoluciones es evitar que los requisitos fiscales se transformen en “obstáculos administrativos” que limiten el acceso a bienes de capital o el desarrollo económico. Se busca, además, optimizar el uso de los datos que ya posee el organismo, reduciendo así la duplicación de reportes y el esfuerzo de cumplimiento por parte de los contribuyentes.
Estas medidas se enmarcan en una política más amplia de simplificación del Estado y liberalización de la economía, impulsada por el gobierno nacional desde fines de 2023.