A pocos días de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su declaración jurada patrimonial, se conoció que su esposa, Bettina Angeletti, solicitó adherirse al régimen de regularización tributaria impulsado por el Gobierno nacional, conocido como “régimen de Inocencia Fiscal”.
La novedad suma interrogantes sobre la situación patrimonial del entorno familiar del funcionario, que además se encuentra bajo investigación judicial por presuntas irregularidades vinculadas a contrataciones con el Estado.
Angeletti presentó la solicitud ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el pasado 31 de mayo. La adhesión a la Ley 27.799 le permitiría declarar ingresos o activos que no hubieran sido informados previamente al fisco sin enfrentar sanciones penales ni antecedentes tributarios. La constancia oficial emitida por el organismo tiene vigencia hasta el próximo 9 de julio.
La situación adquiere relevancia política debido a que Adorni construyó buena parte de su discurso público sobre la necesidad de transparentar la gestión estatal y combatir la corrupción. Sin embargo, la decisión de su esposa abrió cuestionamientos sobre el origen y la declaración de parte del patrimonio familiar.
De acuerdo con la investigación periodística, Angeletti figura como trabajadora autónoma desde 2017 en el rubro de actividades profesionales, científicas y técnicas y durante años estuvo inscripta como monotributista. Además, hasta octubre de 2025 no habría tributado IVA ni impuesto a las Ganancias.
El pedido para ingresar al régimen de regularización se conoció en paralelo con una causa judicial que tramitan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. En ese expediente se investiga si existieron negociaciones incompatibles con la función pública y supuestos movimientos patrimoniales que no encontrarían correlato con los ingresos declarados por la familia.
La investigación patrimonial
Entre los puntos bajo análisis figura la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito durante 2025, operación que incluyó un pago de 30.000 dólares en efectivo y una hipoteca de 200.000 dólares otorgada por dos jubiladas, según consta en la investigación.
La Justicia también analiza otras operaciones inmobiliarias y gastos atribuidos al matrimonio. Entre ellos aparece la adquisición de una vivienda en el country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, por 120.000 dólares. Según la causa, se abonaron 20.000 dólares en efectivo y el resto se financió mediante una hipoteca privada. A esto se suma la declaración de un contratista que aseguró haber recibido 245.000 dólares en efectivo por trabajos de refacción en esa propiedad.
El expediente incorpora además gastos por viajes internacionales a destinos como Punta del Este, Aruba y España por un total de 27.658 dólares, además de otros 6.000 dólares correspondientes a un viaje a Bariloche. También se investiga una presunta deuda de 65.000 dólares que Adorni mantendría con Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas involucradas en la operación inmobiliaria de Caballito.
Otro dato que llamó la atención de los investigadores surge del consumo con tarjetas de crédito. De acuerdo con la información publicada por La Nación, durante el último año Adorni y Angeletti habrían registrado gastos superiores a los 85,1 millones de pesos, equivalentes a más de 7 millones mensuales. La cifra contrasta con los ingresos declarados, ya que el salario del actual jefe de Gabinete rondaba los 3,5 millones de pesos mensuales y su esposa continuaba registrada como monotributista.
Mientras ARCA mantiene bajo secreto fiscal los montos y activos regularizados por Angeletti, la presentación para adherir al régimen de inocencia fiscal agrega un nuevo elemento de análisis sobre la evolución patrimonial de la familia del principal vocero político del gobierno de Javier Milei.
Con información de La Nación.