El presidente Alberto Fernández convocará a sesiones extraordinarias a mediados de enero y en el temario incorporará un proyecto de ley para reformar el Consejo de la Magistratura, según informaron fuentes oficiales, por lo que en los dos próximos meses los legisladores debatirán una nueva composición tras el fallo de la Corte que ordenó ampliar a 20 los integrantes del órgano que elije a los jueces, revisa su desempeño y tiene la potestad de destituirlos.
El proyecto para ampliar el Consejo se trataría antes del 28 de febrero, ya que el 1° de marzo comienza el período de sesiones ordinarias, por lo que el nuevo ordenamiento jurídico del órgano que analiza la conducta de los magistrados será una de las próximas discusiones del Congreso, confirmaron voces calificadas de la Casa Rosada.
La decisión del Gobierno se produjo luego de que en el último mes se profundizara el debate judicial sobre la integración del Consejo, ya que un fallo reciente de la Corte declaró inconstitucional una ley de 2006 que redujo de 20 a 13 los miembros del organismo, ordenó restituir la anterior composición y puso un plazo de 120 días para cumplir con esa disposición.
En tal sentido el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, consideró “un plazo razonable” los 120 días que tiene el Congreso para sancionar una nueva ley para el Consejo de la Magistratura o se elijan nuevos representantes.
“Es un plazo razonable porque la Corte dice que hay un espacio de tiempo para que el Congreso decrete otra ley y si no se sanciona la norma nueva, vamos a la otra norma que había sancionado el Congreso antes del 2006 y que contemplaba el equilibrio”, dijo Rosatti sobre el plazo de 120 días que definió el máximo tribunal para que el Parlamento apruebe una nueva ley o se elijan a los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura.
En una entrevista con el diario Clarín publicada este domingo, el presidente del alto tribunal respondió a la crítica que realizó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal cuando planteó que la decisión de la Corte era “de cumplimiento imposible”. Además, al ser consultado si presidiría el Consejo en el caso de que el Congreso no sancione una ley, Rosatti respondió: “Eso es lo que dispone la ley que quedaría vigente”.
Durante la primera semana de diciembre, y adelantándose al fallo del tribunal, desde Presidencia de la Nación dieron a conocer un proyecto de ley que contempla elevar el número de consejeros de los 13 actuales a 17: esa cantidad se compondría de cuatro jueces, seis legisladores, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y dos representantes del ámbito académico y científico.
Días después de ese anuncio, la Corte declaró inconstitucional la reforma del Consejo realizada en 2006 (ley 26.080) y dispuso volver a la legislación anterior que había sido derogada por el Congreso (leyes 24937 y 24939), lo que implica llevar a 20 los consejeros en 120 días corridos, es decir, con un plazo máximo que se cumpliría a mediados de abril.