Tegucigalpa (efe). La situación del desplazado presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, entró ayer en una impasse, ya que este permanecía anoche acampando en una zona de la frontera nicaragüense sin haber podido cruzar a su país ni reunirse con sus familiares.
Este fin de semana fue hallado asesinado un seguidor de Zelaya, quien se había movilizado hasta la frontera nicaragüense, lo que tensó más el clima entre los manifestantes y los militares que custodian el ingreso a Honduras.
Por su lado, las Fuerzas Armadas de Honduras expresaron ayer su respaldo a una solución negociada, en el marco de la mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, a la crisis política del país, causada por el derrocamiento de Zelaya.
Sin embargo, aclararon, en un comunicado, que esa solución tendrá que ser apegada a la Constitución y las leyes, en línea con lo planteado por el Gobierno que preside Roberto Micheletti, designado por el Parlamento para sustituir a Zelaya el día de su defenestración, el 28 de junio.
La única novedad de ayer fue el pedido de Zelaya al Gobierno de Estados Unidos para que “enfrente con fuerza” al régimen de facto surgido del golpe de Estado del 28 de junio y a las autoridades de América latina para “sacar a los dictadores” de Honduras.
Zelaya permanecía anoche rodeado de simpatizantes y dirigentes sociales hondureños, acampando cerca del paso Las Manos, en la ciudad nicaragüense de Ocotal, a 226 kilómetros al norte de Managua, fronteriza con su país.
El depuesto mandatario se encontraba reunido con dirigentes “analizando opciones” para concretar su anunciado retorno a Honduras, según informaron allegados.
Sin que trascendieran detalles de los pasos que se proponía dar Zelaya en las próximas horas, sus allegados reiteraron la posibilidad de que el martes viaje a Washington para entrevistarse con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton.
Junto al paso Las Manos no había crecido significativamente ayer el número de hondureños que en los últimos días vienen cruzando la frontera en forma clandestina, porque el cerco militar para impedir esa circulación se hizo más férreo en las últimas horas.

los militares. La institución militar planteó su posición en un comunicado de tres puntos fechado el día 24 y cuya validez confirmó a Efe una alta fuente militar.
“Las Fuerzas Armadas son respetuosas de la Constitución y de las leyes, por lo cual reafirmamos nuestra subordinación a la autoridad civil en consecuencia con los principios de legalidad y obediencia debida”, dice la nota.
Y agrega: “Respaldamos una solución a la problemática que atraviesa nuestro país, mediante un proceso de negociación en el marco del Acuerdo de San José. Asimismo, reiteramos nuestro apoyo irrestricto a los resultados de la misma, conforme a nuestra Constitución y demás leyes”.
“Las Fuerzas Armadas como institución nacional cumplen y seguirán cumpliendo las misiones que le señala la Constitución y las leyes de la República”, concluye el comunicado, que no menciona a Zelaya.
Arias propuso el miércoles, en el Acuerdo de San José, la reinstalación condicionada de Zelaya, amnistía política, adelanto de las elecciones de noviembre, una comisión de la verdad y verificación internacional, entre otros puntos.
Zelaya rechazó la propuesta y dio por fracasado el diálogo, mientras que el Gobierno de Micheletti insiste en su negativa al retorno del depuesto presidente, aunque ha dicho que sigue en el proceso auspiciado por Arias.
Micheletti pasó los otros planteamientos de Arias a consulta con el Parlamento, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y otros órganos del Estado a los que competen las eventuales decisiones sobre ellos.
Pero, sobre el punto más conflictivo, en diversas ocasiones Micheletti, su canciller, Carlos López, y otros funcionarios han reiterado que el retorno de Zelaya es “inaceptable” e “innegociable” porque violaría la Constitución.
El Gobierno de Micheletti sostiene que los militares derrocaron a Zelaya en cumplimiento de un mandato de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a petición del Ministerio Público, por violar la Constitución al intentar celebrar una consulta para promover una Asamblea Constituyente, que había sido declarada ilegal y quedó frustrada por su derrocamiento el 28 de junio.