La Asamblea Constituyente con la que el presidente Evo Morales pretende “refundar Bolivia” cumple hoy un mes de sesiones, durante el cual no ha logrado ningún consenso, ni siquiera sobre el reglamento de debates, y se ha enzarzado en una polémica que amenaza dividir el país. Cuatro de los nueve departamentos bolivianos –dos tercios del territorio, un tercio de la población y 43 por ciento del PIB– convocaron a un paro cívico para el viernes, en defensa de la democracia y la legalidad vigente y ante la “conducta totalitaria” de Morales, según dijeron sus líderes. Los gobernadores, parlamentarios, constituyentes y dirigentes cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija anunciaron que habrá más medidas de protesta, hasta que el Gobierno prometa respetar la ley y la democracia.

AUTONOMÍA. En esas regiones tropicales, en las que más de dos tercios de los habitantes reclaman mayor autonomía, están 85 por ciento de las reservas de hidrocarburos de Bolivia. El detonante de su descontento ha sido el intento del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de cambiar las reglas de la Asamblea para que apruebe decisiones por mayoría (tiene 137 de 255 escaños), en vez de los dos tercios (170) que prescribe la Constitución actual. La ley de convocatoria de la Asamblea, acordada por el Gobierno y la oposición en marzo y promulgada por Morales, señala también que ese foro “aprobará el texto de la nueva Constitución con dos tercios de votos”.

    Además, esa ley dice que la Asamblea “no interferirá el trabajo de los poderes constituidos, los que seguirán ejerciendo sus funciones constitucionales de manera sostenida”. Pero el Gobierno insiste en que la Constituyente es “originaria”, con lo que quiere decir que tiene “plenos poderes” sobre todas las instituciones del Estado. “Esta Constituyente debe tener todos los poderes, por encima de Morales, por encima del Congreso, por encima del Poder Judicial”, advirtió ya hace un mes el gobernante, al instalar la Asamblea en Sucre, capital oficial de Bolivia.

   Agregó que la Constituyente podrá pedirle que deje la presidencia y que él lo aceptará, lo que desató denuncias de la oposición de que Morales está preparando un “autogolpes”. Morales reitera que hay una “conspiración” de la oposición contra la Asamblea, contra su gobierno, contra la nacionalización de los hidrocarburos que dictó en mayo y contra su intención de “refundar Bolivia”. El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, dijo el lunes que el Congreso y los demás poderes constituidos no serán cerrados mientras sigan las sesiones de la Asamblea, pero la oposición ya no cree en las promesas del Gobierno.