El Congreso de Brasil aprobó un proyecto de ley que permitiría reducir la condena de 27 años de prisión que pesa sobre el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra detenido desde el mes pasado por delitos vinculados a un intento de golpe de Estado. De promulgarse la norma, la pena del exmandatario ultraderechista podría disminuir a poco más de dos años de cárcel.
La iniciativa, impulsada por la mayoría conservadora en el Parlamento, fue aprobada en el Senado con 48 votos a favor y 25 en contra, luego de haber recibido luz verde en la Cámara de Diputados la semana pasada. Ahora, el texto quedó en manos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien tiene la potestad de promulgarlo o vetarlo total o parcialmente.
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El proyecto introduce modificaciones en el régimen de cumplimiento de penas para distintos delitos, entre ellos el de golpe de Estado, lo que impactaría de forma directa en la situación judicial de Bolsonaro, de 70 años.
Con la legislación vigente, la Justicia estimaba que el expresidente debería cumplir una condena efectiva de alrededor de ocho años. Con la nueva ley, ese plazo podría reducirse a aproximadamente dos años y cuatro meses.
Bolsonaro fue condenado en septiembre por haber intentado impedir el acceso al poder de Lula tras las elecciones de 2022. La iniciativa aprobada no solo lo beneficiaría a él, sino también a más de un centenar de simpatizantes bolsonaristas detenidos por la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando miles de manifestantes atacaron las sedes de los tres poderes del Estado, apenas una semana después de la asunción del actual presidente.
El tratamiento exprés del proyecto —que avanzó por ambas cámaras en apenas una semana— fue interpretado como una victoria política del bloque conservador antes del receso parlamentario de fin de año. Su rápida aprobación generó fuertes críticas de sectores de la oposición y de organizaciones sociales.
El autor de la iniciativa, el diputado Paulinho da Força, defendió la reducción de penas como“un gesto de reconciliación nacional” en un país profundamente polarizado. En la misma línea, el senador Sergio Moro, exministro de Justicia durante el gobierno de Bolsonaro, celebró la aprobación y afirmó que “lo más importante en este momento es sacar de la cárcel a esas personas” detenidas por los hechos del 8 de enero.
Sin embargo, la propuesta también despertó un fuerte rechazo social. El domingo previo a la votación final, decenas de miles de personas se movilizaron en distintas ciudades del país para protestar contra el proyecto, convocadas por sectores de izquierda que consideran la medida un intento de impunidad.
La decisión final ahora depende de Lula, cuyo eventual veto podría reabrir el debate político y profundizar la tensión entre el Poder Ejecutivo y un Congreso dominado por fuerzas conservadoras.