La caída de Ueno Bank no empezó por una corrida ni por un derrumbe del mercado: empezó por adentro. Un sumario del Banco Central del Paraguay (BCP) detectó que la entidad había otorgado créditos a empresas relacionadas con el Grupo Vázquez, su propio controlante. Esas operaciones terminaron en incumplimientos y fueron deteriorando los indicadores de liquidez hasta que el índice de solvencia quedó por debajo de la mitad del mínimo que exige la normativa. Con ese número sobre la mesa, el regulador congeló activos y pasivos, mandó funcionarios a tomar el control y abrió el proceso de resolución. La app, las tarjetas y el resto de los servicios dejaron de funcionar de un día para el otro.

El problema es que no se trataba de un banco cualquiera. Ueno había construido en apenas dos años una base de 2,9 millones de clientes, cerca del 60% de la población adulta paraguaya. Era el quinto en volumen de depósitos entre los 16 bancos del país, pero el primero por lejos en cantidad de usuarios: al cierre de 2025 concentraba el 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los créditos del sistema. Por eso el BCP advirtió un riesgo concreto de contagio al resto de las entidades.

De fintech a quinto banco del país

El origen se remonta a 2021, cuando el Grupo Vázquez -ya dueño de la financiera Credicentro- compró Financiera El Comercio. La marca arrancó con una propuesta volcada al celular y en diciembre de 2023, con la licencia bancaria plena, empezó a operar como banco. La fórmula fue aprovechar la cartera de las dos financieras previas y sumarle cuentas simples, de bajo costo y manejadas desde la app.

El salto definitivo llegó en junio de 2024 con la absorción de Visión Banco, que le permitió dejar atrás el perfil de plataforma de pagos para ofrecer tarjetas, préstamos, inversiones y servicios para empresas. En paralelo, construyó una presencia pública difícil de ignorar: se convirtió en sponsor central de la Asociación Paraguaya de Fútbol y del Comité Olímpico, y hasta los estadios de Olimpia y Cerro Porteño llevan su nombre.

Ese crecimiento también lo ató al Estado. Hasta su caída, Ueno administraba unos USD 850 millones de organismos públicos, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), que paga jubilaciones y prestaciones de salud. Y en marzo de este año había emitido bonos por USD 350 millones con vencimiento en 2031, una operación que lo convirtió en el único banco paraguayo con títulos en mercados internacionales. El mercado le pidió una tasa menor al 7%: nada hacía prever lo que vendría.

La maniobra que investiga la Justicia

Con el banco intervenido, la Fiscalía imputó a ocho directivos y a otras 19 personas vinculadas a empresas bajo investigación. Los cargos van desde conducta indebida en situación de crisis y lesión de confianza hasta tentativa de estafa y violación de las normas sobre libros de comercio.

Uno de los movimientos bajo la lupa ocurrió en junio de 2026. Según el diario paraguayo Última Hora, después de que la Superintendencia de Bancos le exigiera desprenderse de los préstamos otorgados a compañías del grupo, Ueno transfirió una cartera de créditos por USD 74,4 millones a Vinanzas SA, una empresa también vinculada al banco. La investigación del BCP encontró indicios de que Vinanzas no tenía recursos propios para pagar esa cartera y que habría sido financiada, de manera indirecta, por el propio banco. Para el Ministerio Público, el mecanismo pudo haber servido para maquillar la situación patrimonial real de la entidad: los créditos salían del balance, pero seguían sostenidos por la misma institución que los había cedido.

Ahorros congelados y un auxilio exprés

El impacto social fue inmediato. Casi 3 millones de personas se quedaron sin acceso a su dinero cotidiano y los Certificados de Depósito de Ahorro -el equivalente a los plazos fijos- dejaron de pagarse. Entre los damnificados aparecen el IPS, el Ministerio de Economía, la Conmebol, sociedades de Bolsa, empresas y cajas de jubilaciones. En las calles comenzaron los disturbios de ahorristas reclamando sus fondos, con escenas que en la región remiten al corralito argentino de 2001.

Para contener la situación, el Congreso sancionó en tiempo récord una ley que habilita un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos. Cada depositante podrá cobrar hasta 40 salarios mínimos mensuales -121,7 millones de guaraníes, unos USD 19.787- y el BCP debe instrumentar el pago en 24 horas, con un máximo de cinco días hábiles. Ese adelanto no modifica la cobertura general del fondo, que llega a 75 salarios mínimos por persona física o jurídica, sino que apura una parte del dinero mientras avanza el proceso de resolución.

Mientras tanto, la Asociación de Bancos del Paraguay salió a despegar al resto del sistema. Aseguró que los demás bancos operan con normalidad y que están absorbiendo a los clientes que migran desde la entidad intervenida. “Lamentablemente, en las últimas horas se observan comentarios en redes sociales que instalan miedos e incertidumbres que nada tienen que ver con la realidad del mercado ni con la situación del sistema bancario en su conjunto”, señaló.