El proceso de reparación histórica y monetaria por aquella violenta represión contra la incipiente guerrilla y los campesinos está a cargo de la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia, creada en el 2001 para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen militar que gobernó el país entre 1964 y 1985.
El 18 de junio, los miembros de la comisión se desplazaron hasta el humilde pueblo de Sao Domingos do Araguaia, en el sur del estado de Par, donde intentó asentarse la guerrilla, para anunciar el fallo sobre 84 de las 278 demandas presentadas por campesinos.
En 44 de los casos fueron aprobadas indemnizaciones que oscilan entre 80.352 y 142.941 reales (40.176 y 71.470 dólares) y que suman en total 4,9 millones de reales (2,45 millones de dólares), lo que equivale al 25 por ciento del Presupuesto anual de la alcaldía de Sao Domingos do Araguaia. Otros 40 casos fueron rechazados por falta de pruebas, y el resto continúa bajo análisis, aunque el Gobierno aspira a concluir este proceso antes de fin de año.
Pese a la falta de documentación oficial sobre lo que ocurrió en aquellos tiempos de la represión, pues los archivos de la dictadura fueron quemados o sustraídos por oficiales, los que serán indemnizados pudieron probar que fueron detenidos, torturados e incluso algunos expulsados de sus tierras, de las que luego se apropiaron ilegalmente los propios militares.
Los primeros 84 fallos fueron anunciados por el ministro de Justicia, Tarso Genro, y el presidente de la Comisión de Amnistía, Paulo Abranto, en un acto celebrado en la plaza de Sao Domingos de Araguaia, un municipio nacido a la vera de una carretera, con sólo dos calles asfaltadas y unos 18.000 habitantes, de los que 90 por ciento vive en las zonas rurales.

derechos humanos. “Este acto supone el reconocimiento oficial, por parte del Estado brasileño, de que en la región de Araguaia se cometieron gravísimas violaciones de los derechos humanos: las tropas del Ejército “implantaron un verdadero Estado de Sitio entre 1972 y 1975”, dijo Abranto.
Entre las casi 1.500 personas que se dieron cita en la plaza, estaban decenas de ancianos que hace cuarenta años fueron víctimas del conflicto por sus vínculos reales o supuestos con unos setenta jóvenes que llegaron a la región a inicios de 1970, dispuestos a crear un foco de resistencia contra la dictadura.
En la época, ninguno de los campesinos tenía filiación política y en buena medida ignoraban lo que ocurría en el resto de Brasil. Galdencio Pereira, uno de los labradores indemnizados, dijo a Efe que muchas de las víctimas hasta desconocían la propia existencia de un gobierno dictatorial, pues “en ese tiempo nadie tenía televisión ni radio” en esa remota región agraria, situada a 1.300 kilómetros al norte de Brasilia.
“Muchos ni siquiera sabíamos qué era una dictadura”, añadió el anciano, que en 1972 permaneció preso tres meses y fue torturado porque, según los militares, ayudaba a los guerrilleros, conocidos como “paulistas”, pues muchos eran naturales de San Pablo.
Los testimonios de los ahora septuagenarios protagonistas de esta historia de abusos y violencia son sobrecogedores e incluyen hasta robos de niños, tal como ocurrió durante la década del 70 en la dictadura que sufrió Argentina.
casos desgarradores. Uno de los casos más desgarradores es el de María Bizerra de Oliveira, quien actualmente tiene 79 años y que, en 1972, fue inducida a entregar a dos de sus seis hijos a los militares.
La anciana recuerda que un “teniente” la convenció de que su hijo Juracy, entonces de ocho años, “estaría mejor y más seguro” en una de las bases militares de la zona que en medio de la pobreza rural.
Prometió que la visitaría regularmente, pero jamás volvió a ver al “teniente” ni a su hijo.
En los mismos días de octubre de 1972, otro oficial llegó hasta su humilde vivienda en la zona rural de Sao Domingos de Araguaia y bajo amenazas la forzó a entregarle al pequeño Miracy, de once meses. “Nunca más lo vi”, contó a Efe Bizerra de Oliveira, quien aún es incapaz de relatar su historia sin romper en llanto.
Porfirio Vaz da Silva, de 78 años, tampoco ha podido borrar de su memoria ni de su cuerpo las huellas de las torturas sufridas por una presunta relación con los guerrilleros, a los que admite que “un par de veces” los dejó beber agua en sus tierras. Estuvo cuatro meses preso y durante las sesiones de tortura sufrió fracturas en cuatro costillas que nunca fueron tratadas por médicos, por lo que jamás pudo volver a trabajar en el campo y aún hoy camina con dificultad.
“Pasé mucho tiempo muerto”, refirió a Efe con la mirada extraviada, lo que uno de sus familiares atribuyó a las serias secuelas psicológicas que las torturas grabaron a fuego en su mente. Vaz da Silva recibirá una indemnización de 105.756 reales (unos 53.683 dólares). “Ese dinero ayuda mucho, porque soy muy pobre, pero no compensa ni el dolor ni todo lo que sufrieron mis cuatro hijos cuando tuve que dejar de trabajar”, declaró.
En el acto en que se anunciaron las primeras 44 indemnizaciones estaba también Micheas Gomes de Almeida, conocido como Zezinho do Araguaia, uno de los ocho supervivientes de la guerrilla que integraron 75 militantes del PCdoB. Gomes de Almeida, de origen campesino, fue uno de los promotores del movimiento guerrillero y consideró ese reconocimiento oficial y el pago de indemnizaciones como “un paso” hacia la total reconstrucción y reparación de la historia.
Recordó, sin embargo, que aún no han sido recuperados los cuerpos de 58 combatientes, que, según testimonios y denuncias recogidos por la Comisión de Amnistía, fueron en su mayoría capturados con vida, torturados, fusilados y luego enterrados en medio de la selva, en sitios jamás desvelados.

la historia oficial. La historia oficial sostenida por el Ejército dice que los 67 guerrilleros que murieron en el Araguaia fueron abatidos en combate. No obstante, esa versión comenzó a desmoronarse sólo cuatro días después de que se anunciaron las primeras indemnizaciones, cuando el mayor retirado Sebastián Curió Rodrigues de Moura, quien dirigió parte de las operaciones de represión, admitió en declaraciones al diario O Estado de San Pablo que la verdad es otra.
Según Curió, quien dice guardar “archivos personales” sobre la actuación del Ejército en Araguaia, al menos 41 de los guerrilleros fueron efectivamente capturados vivos, torturados y ejecutados. En algunos casos, el oficial reconoce que los cadáveres fueron descuartizados, tal como afirman muchos campesinos de la zona, que recuerdan haber visto las cabezas cortadas de guerrilleros abatidos.
La revelación de Curió ha reavivado el debate sobre la búsqueda de los cadáveres, pues se cree, incluso, que el oficial puede llegar a dar pistas para llegar hasta donde reposan esos restos. Según el ministro de Justicia, la declaración del mayor retirado prueba que “aún existen archivos secretos” que deben ser obtenidos por las autoridades, a fin de que se puedan recuperar los restos de los guerrilleros y se cierre definitivamente “y con la verdad” ese “capítulo oscuro y violento de la historia de Brasil”. 

En el 2001 se creó la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen militar que gobernó el país entre 1964 y 1985.

Los que serán indemnizados pudieron probar que fueron detenidos, torturados e incluso algunos expulsados de sus tierras, de las que luego se apropiaron ilegalmente los militares.

Este acto supone el reconocimiento oficial, por parte del Estado brasileño, de que en la región de Araguaia se cometieron gravísimas violaciones de los derechos humanos.