Durante los últimos 20 años, la visión de un Estado fuertemente intervencionista en las áreas de la Economía fue la política que se aplicó desde Nación. En términos concretos, estos se materializó en millonarios subsidios que se destinaron para todo tipo de consumos, entre ellos, el transporte y la energía. Pero con el cambio de gestión y de signo partidario, la concepción de aquel Estado es severamente cuestionada.
Tampoco es que aquel modelo funcionara de maravillas. Justificaba un esquema desigual entre la zona más poderosa, el AMBA, y el resto de las provincias. No sólo por el hecho de que en ese territorio se mueve una gran masa de usuarios, a diario, sino también porque mantenía la arbitrariedad respecto a la distribución de recursos a los gobiernos que mantenían la consonancia política con Nación.
Por fuera de esta discusión estaba el hecho de si se gastaba bien o mal, si las jurisdicciones eran responsables fiscalmente o dependían en exceso de los recursos nacionales porque estaban mal administradas. Con un nuevo modelo de Estado que se busca imponer, los subsidios al transporte para el interior se extinguirán. Ya sea porque no hay plata, ya sea porque se trate de un castigo por la frustrada ley Bases en el Congreso, esto tendrá un fuerte impacto en posteriores aumentos, que llegan al boleto.
El cambio de modelo que se propone es subsidiar directamente al usuario, en lugar de las empresas. Aún así, esa decisión tendrá un costo económico. El boleto del colectivo no es una cuestión menor. Nadie, salvo un turista, utiliza el transporte para pasear. Moviliza la economía. Permite llegar al trabajo, a la escuela o a la universidad. Es decir, no es un lujo, sino una primera necesidad.
Entonces, es al menos esperable que este tipo de decisiones se tomen con la sensibilidad y la razonabilidad que se requiere políticamente, en un contexto donde los salarios corren muy por detrás de la inflación.