El Gobierno nacional avanzará contra una de las prácticas de protesta que durante los últimos años se consolidó: el piquete.
El corte de rutas tiene orígenes trágicos en la Argentina de los 90, pero ya en la segunda década de este milenio las agrupaciones piqueteras se manejaron en sintonía con las gestiones nacionales a tal punto que hubo dirigentes que alcanzaron el grado de funcionarios en importantes áreas de la asistencia social: una paradoja que sólo es posible en este país que les permitió el poder de la lapicera y la caja para tener voluntades afines y una protesta social medianamente dócil.
Se dice que hubo 8.000 cortes en un año, lo que genera un caos social que va más allá del tránsito vehicular. Se altera todo, empezando por los nervios hasta la fuente de trabajo o la asistencia a las escuelas.
Con el cambio de gestión, el actual Ejecutivo avanzará contra todas aquellas protestas que impidan el libre tránsito de las personas. Si bien es predecible un aumento de la tensión social, en buena parte por las medidas económicas que se han tomado, el llamado protocolo antipiquetes apunta, entre otras cosas, a impedir que organizaciones sindicales bloqueen las empresas, una conducta que se volvió hasta natural en algunos casos e impidió tanto a esas firmas producir como a los empleados ir a trabajar.
Hay una cuestión de normalidad que hay que recuperar, contra la naturalización de una forma de protesta que se fue deslegitimando con el tiempo.