No es fácil montar una empresa en el país y la provincia. A los innumerables impuestos y tasas que han ido gravando cualquier tipo de actividad hay que sumarles la inflación y los desfases con el tipo de cambio para aquellos que tienen que invertir en maquinaria e insumos, sobre todo, si vienen del exterior.
Por ende, en estos momentos de crisis, el Estado debería hacer que estos lastres pesen menos o empujen hacia adelante en lugar de tirar hacia atrás.
Los trámites para controlar y verificar procesos en algunos rubros –necesarios, eso sí– no deberían demorar más de lo previsto, puesto que lo que está en juego es el capital que se arriesga, las fuentes de empleo y las ventas para reiniciar el círculo de la economía. Pero no.
Donde los procesos tienen que ser ágiles sin perder la capacidad de fiscalización, lo que prima es la maraña administrativa y la falta de criterio para ayudar a los emprendedores a no perder más de la cuenta con una economía en contra. Con un aparato estatal fofo, en una Mendoza que no genera empleo privado, la tarea de un gobierno debe ser fomentar la creación de riqueza, no demorarla.