Los recursos de una provincia, aún en tiempos de crisis y cuando es mayor la demanda de los ciudadanos por los gastos que se hacen con sus impuestos, no pueden quedar librados a la arbitrariedad partidaria del que gestiona. Es la discusión que atraviesa el país desde hace años respecto de los planes sociales, que suelen ser utilizados como herramientas de clientelismo y presión. Hay una responsabilidad de quien administra porque ese dinero es de los mendocinos. Utilizarlo para responder a un acuerdo electoral es más que un escándalo, por más que esté vestido con algunos artilugios legales.
No hace mucho, El Sol reveló cómo se manejan los gestores de otro partido con la asistencia de la Nación. Los controles de los ministerios son laxos y, de hecho, miran al costado cuando ocurre y se muestra. En el caso del pastor Héctor Bonarrico, el Ejecutivo decidió dar marcha atrás, pero, si esos fondos hubieran seguido su curso, cuesta creer que serían debidamente rendidos y controlados. De igual manera, se ve cómo los partidos y las gestiones todavía requieren de administradores de la ayuda social, intermediarios que encarecen más la ayuda que supuestamente reclaman para otros.
También es cierto que si algo le falta a la política argentina y, por supuesto, a la local, es la honestidad brutal, sobre todo, si se trata de justificar lo injustificable.
Pero, por esas mismas razones, la transparencia o la torpeza han terminado revelando cómo se maneja la caja del Estado que pagamos los mendocinos.