Una candidatura es, en el fondo, un compromiso con el ciudadano. Hay un contrato de palabra por el cual quien se postula para un determinado cargo electivo hace una promesa de representación. Esa persona puede ofrecerle a un elector, si llega a ser elegido, desde algo sensato a la propuesta más descabellada para resolver los numerosos problemas que hay. Está en el ciudadano, de alguna manera, detectar si le están vendiendo humo o directamente confiar, pero esa es otra discusión.
Ahora bien, un dirigente partidario no puede especular con dos candidaturas, más aún si corresponden a dos instancias de representación en distintos niveles. Porque, precisamente, rompe con ese contrato de confianza en el que se basa la democracia y la república.
Si compite para ser concejal, pero luego es elegido para competir por el Congreso de la Nación, lo correcto es que renuncie a uno para enfocarse en una campaña sincera con aquellos a los que pedirá el voto. Es hasta una cuestión de dignidad.
Las candidaturas testimoniales son una maña de la vieja política. Pueden dar beneficios en el corto plazo, pero, en última instancia, sólo desprestigian más a una clase de dirigentes alejada de la realidad de sus votantes.
