La ampliación de los juicios por jurado en la provincia es casi un hecho después de la medida sanción del Senado. Los procesos con ciudadanos como jueces no solo contemplarán en el futuro casos incluidos en el artículo 80 del Código Penal (que prevén prisión perpetua) sino que abarcarán otros como abuso sexual seguido de muerte y los homicidios agravados por el uso de arma de fuego o en ocasión de un robo.
Este tipo de debate ha tenido fuerte repercusión en los últimos dos años. Se realizaron 29 bajo esta modalidad y casi ninguno presentó dificultades. La idea de la participación popular es una iniciativa que sumó fuerzas oficialistas y opositoras en Mendoza y se busca extender la cantidad de delitos para que la sociedad se comprometa con todo tipo de acto judicial.
Pero, también nacen preguntas o dudas acerca de si pueden llegar a resolver los inconvenientes que muchas veces presenta la Justicia, especialmente cuando las causas no llegan a ser debatidas frente a un jurado o un tribunal. En los últimos tiempos avanzaron a pasos gigantescos los debates abreviados, aquellos en los cuales un acusado reconoce el hecho y su defensa pacta la pena con la fiscalía. Un juez termina homologando el acuerdo y la causa se cierra con condena firme.
Estos procedimientos cosechan tanto críticas como aprobaciones. Por un lado, se confirma la plataforma fáctica de un investigador judicial –y le genera menos acumulación de trabajo– pero, por el otro, las penas son menores que las pretendidas por las familias de las víctimas o la sociedad en general. El juicio por jurado llegó para traer soluciones.
Cuenta con la aprobación de todo el ámbito político y judicial. Pero no hay que olvidarse de que existen otros procesos en la Justicia que no son analizados con la misma objetividad y merecen más atención social, debido a que muchas veces se termina pasando a condenados sin proceso justo.