Hay hechos delictivos que marcan un antes y un después. Dejan una huella y pueden llegar a generar cambios en una estructura investigativa que, se cree, está aceitada desde hace años. El caso de la desaparición del carpintero Sergio Lobos en una zona no determinada entre San Martín y Maipú, que está en pleno proceso de instrucción, es un ejemplo de ello.
Este hombre de 63 años desapareció el martes –hasta ayer no había sido hallado– y la denuncia por averiguación de paradero realizada por su familia provocó algunos cortocircuitos entre el personal policial y el Ministerio Público. Básicamente, faltó coordinación entre este organismo y los efectivos a la hora de desarrollar las tareas operativas en la calle porque no estaba claro quién era el responsable de la causa.
A las pocas horas de la presentación, cuando ya se sospechaba que estaban frente a un suceso de gravedad, se desconocía si la denuncia, finalmente, iba a ser tomada por un fiscal de San Martín o por uno de Homicidios del Gran Mendoza.
Al otro día de radicada en una oficina fiscal esteña, Investigaciones desarrolló un allanamiento en la casa del sospechoso de la desaparición de Lobos (dos jornadas después se supo que se había suicidado), sin la presencia inicial de fiscales, a pesar de que todo estaba siendo ordenado desde el Ministerio Público de San Martín.
Finalmente, la causa quedó en manos de Gustavo Pirrello, de Homicidios. Para algunos pesquisas con años de experiencia, esto no debe pasar porque se pierden horas de trabajo, y la falta de dirección puede complicar toda una instrucción.
Se necesitan decisiones al instante. La Policía y la Justicia tienen que seguir trabajando en conjunto para llegar a los objetivos y dar respuesta inmediata a los reclamos sociales. De lo contrario, se pierde la confianza.