Desde 1990, con el caso María Soledad Morales, se alumbró en Argentina la necesidad dolorosa de que ciertos crímenes en los cuales el poder político estaba envuelto no quedaran impunes. De allí surgieron las famosas Marchas del Silencio que, paradójicamente, hicieron mucho ruido. Han pasado más de 30 años y, en un país como el actual, donde el clientelismo tiene un gran peso en muchas provincias para sostener la pobreza y la estructura de poder de un partido, algunas situaciones se han profundizado.
La desaparición de Cecilia Strzyzowski genera una revulsión que moviliza. Y los gobiernos, tanto el provincial como el nacional, no pueden quedarse ajenos, como si nada estuviera ocurriendo. Un mensaje claro y directo para que se resuelva el caso y se garantice a la familia de la víctima que se dará con los culpables es una de las cuestiones que está ausente.
Hay en estos gestos de ausencia una hipocresía. Pasó en los años recientes con Santiago Maldonado y ese contraste es lo que se imprime: parece que hay muertes que pesan más que otras, según quién esté al frente de una gestión y qué extracción partidaria tenga. En momentos así, son las instituciones las que están en juego, principalmente, las que tienen que garantizar algo tan elemental como la Justicia.