Se está dando una situación por demás compleja en relación con el respeto a los derechos humanos en Argentina. Las señales, que comenzaron al inicio de la pandemia y de las restricciones, son peligrosas.
Costó muchos años convertir esta temática en prioridad dentro de la agenda del Estado. Fue, tal vez, la semilla más importante sembrada por Raúl Alfonsín en el retorno de la democracia. Y, de pronto, se ve cómo la idea de apropiarse partidariamente no sólo dividió y destruyó al movimiento progresista en el país, sino que relativizó los conceptos más básicos.
Los derechos humanos, como idea central para el desarrollo social, quedaron presos de estrategias electorales y de especulaciones geopolíticas.
Puertas adentro, la tolerancia de los organismos frente a desapariciones de personas y de crímenes por violencia institucional se tornó inadmisible. No sólo eso, sino que se avaló la confección de listas negras compuestas por nombres e instituciones contrarias al poder político dominante.
Hacia fuera, la política internacional argentina decidió desentenderse y pasar por alto los abusos cometidos por las dictaduras de la región y encolumnarse detrás de países con probado desprecio a las libertades individuales.
Las prácticas, por más que duela, son similares a las experimentadas en los años más oscuros. Ocurre lo mismo con las formas de justificarlas. Negarlas, subestimarlas y tomar posiciones radicalizadas no es más que agravarlas. Y así se corre el riego de repetir una trágica historia.