Lejos de buscar bajar las tensiones, el Gobierno nacional duplicó la apuesta en la escalada de acusaciones cruzadas por los incidentes en Jujuy. A través de diferentes voceros advirtió que lo ocurrido en el norte no fue casualidad, sino un ejemplo de lo que pasará en el país si la oposición logra llegar a la Casa Rosada.
Fue una amenaza para nada velada; una advertencia de que existe un sector de la sociedad dispuesto a desestabilizar si las elecciones le son esquivas.
A horas del cierre de listas, todo el aparato de la fuerza de choque kirchnerista salió a mostrar el poder de fuego que tiene, con la intención clara de provocar caos, aumentar el nivel de conflictividad y dejar en claro que no habrá paz ni gobernabilidad posible sin ellos en el poder.
Así aparecieron desde legisladores nacionales hasta los máximos referentes gremiales, que convocaron a medidas de fuerza preventivas o emitieron comunicados que, lejos de defender a los trabajadores, posicionaron a los sindicatos políticamente.
Se trata de una historia ya vista en Argentina. Es una forma de actuar emparentada con el golpismo y que, de ninguna manera, puede aceptarse en un país que apuesta por el desarrollo en democracia. No hay más lugar para violentos.