A Alfredo Cornejo, básicamente, no le gusta que nadie le marque la cancha. Le molesta que le disputen el poder por izquierda, que le ganen la espalda. Y es ahí donde aparece su disputa con la Suprema Corte; específicamente, con uno de sus ministros: Omar Palermo.

Para el gobernador, el fallo que salió en los últimos días del año pasado tuvo algo de eso. No hubo instancia de diálogo ni búsqueda de consenso. Y su gestión, que llevaba apenas unas semanas en marcha, chocó de frente con la agenda que le había impuesto el máximo tribunal de la provincia.

Esa sentencia fue tomada como una afrenta. No por el planteo ni por lo que allí se estaba resolviendo. El problema fue, más que nada, con el cómo y el cuándo. La misma Corte que prácticamente estuvo en silencio durante los últimos años, buscaba tener injerencia en las políticas de seguridad de un gobierno que todavía estaba acomodándose en las nuevas oficinas.

Durante los gobiernos anteriores, llovieron denuncias sobre casos de torturas en las cárceles locales. Hasta apareció un video que mostraba cómo eran sometidos los presos. Y, si bien Palermo aún no formaba parte de la Corte, el silencio judicial fue llamativo.

Por lo tanto, un fallo así, tan elaborado e impecable desde el punto de visto jurídico, carecía de cintura política.

Cornejo debe ser, desde el retorno de la democracia, el gobernador que más contacto ha tenido con los problemas de inseguridad en Mendoza. Sus dos períodos como ministro de esa cartera caliente le dieron el roce para, al menos, tener una discusión mano a mano con los jueces sin hacer el ridículo. Que tenga o no razón es otra historia.

Los anuncios hechos en la Apertura de la Asamblea Legislativa no están tan lejos de aquel fallo de la Corte craneado y redactado por Palermo y que generó una especie de emoción violenta en el Ejecutivo.

En los lineamientos generales, la visión de Cornejo sobre las prisiones preventivas no está tan divorciada de lo que redactó el juez de la Corte. El primer mandatario comparte la idea de que se trata de una medida procesal que debe resolverse en cuestión de días y que no se puede tener a una persona detenida durante meses sin saber cuál será sus suerte en el expediente. Y coinciden en que jueces y fiscales deben trabajar más. Por eso, el Ejecutivo acompañó la acordada para que los tribunales penales hicieran también horario vespertino.

Se diferencian, sí, en que para el gobernador, la prisión preventiva, dentro del contexto de inseguridad que vive la provincia, debe ser un regla; sobre todo, para los delitos contra la propiedad y contra las personas. Para el juez, sólo es aplicable como una excepción.

Más allá de esa discusión, el objetivo de Cornejo es dejarle en claro a la Corte quién manda en la provincia y qué papel tiene cada uno de los poderes del Estado. Que la Corte se encargue de administrar justicia y no de establecer políticas de seguridad. Y que si así lo quisieran, que se presenten a elecciones y sean elegidos por el pueblo.