La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso de queja interpuesto por la defensa del exjuez federal de Mendoza, Walter Bento, dejando firme la sentencia de destitución emitida por el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura.
Fue con la intervención de los magistrados Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, y los conjueces Leopoldo Bruglia, Juan Perozziello Vizier y Carolina Robiglio.
El máximo tribunal -que aceptó la excusación de su presidente, Horacio Rosatti– dio por ratificado el proceso de remoción de Bento, quien se encuentra preso -aunque con beneficios- tras, en febrero, haber sido hallado culpable de liderar una banda que otorgaba favores procesales en la Justicia Federal a cambio de coimas.
En noviembre de 2023, el tribunal de enjuiciamiento resolvió remover a Bento del cargo de titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza tras comprobar la causal constitucional de mal desempeño en sus funciones.
Entre los cinco hechos probados que fundaron la sanción, se constataron maniobras dirigidas a interferir en la investigación penal iniciada en su contra, entre las que figuran la presentación de solicitudes de informes en el Registro de la Propiedad y Migraciones, el cambio de chip SIM del teléfono celular requerido por los investigadores y el hallazgo de una nota manuscrita en su caja de seguridad bancaria con la leyenda “Puigdengolas lee!!! Por favor”, dirigida al juez instructor.
También hubo maniobras patrimoniales y elusión de cautelares. Bento omitió declarar su condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP) en la escritura pública de un inmueble, frustrando el posterior embargo preventivo decretado al ser procesado.
A su vez, se tuvo en cuenta la obtención irregular de un crédito hipotecario. Walter Bento accedió a un préstamo preferencial para “vivienda única” suscribiendo documentación con datos inexactos, pese a contar con la titularidad previa de múltiples propiedades inmuebles.
Por otro lado, no consignó información patrimonial obligatoria en las declaraciones efectuadas ante el Consejo de la Magistratura entre los ejercicios 2005 y 2020, en contravención a la ley de ética pública.
Finalmente, se tuvo en cuenta la inscripción antirreglamentaria en concursos. Se postuló en el Concurso N° 475 para cubrir un cargo en la Cámara Federal de Casación Penal a sabiendas de que no reunía los requisitos legales exigidos.
Los argumentos de la Fiscalía contra las salidas de Bento y sus “privilegios”
El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de casación ante la Cámara Federal de Casación Penal con el objetivo de revocar la resolución emitida el pasado 5 de octubre por el juez de Ejecución riojano, Jorge Gamal Chamia. Dicho fallo le…
Qué dijo la Corte
La defensa del exjuez, liderada por Mariano Fragueiro Frías, articuló su reclamo alegando vulneraciones a las garantías de juez natural, imparcialidad, presunción de inocencia y derecho de defensa. Sin embargo, la Corte desestimó cada planteo.
Frente al reclamo de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 por incluir a un solo abogado de la matrícula federal, el Tribunal concluyó que el uso del plural en el artículo 115 de la Constitución Nacional constituye un “plural genérico” que define las categorías de sectores convocados y no fija un número cuantitativo mínimo o igualitario por estamento. “Su razonamiento es endeble y no alcanza para justificar la
interpretación que postula”, sostuvieron los magistrados. Según Bento, debían ser dos miembros.
La Corte también subrayó que el Jury evalúa exclusivamente la idoneidad ética y la conducta del juez para continuar en el cargo. Para salvaguardar la presunción de inocencia, el jury excluyó de su ponderación la comisión de delitos penalmente tipificados (como cohecho o enriquecimiento ilícito), juzgando únicamente la falta de rectitud funcional. En ese momento el juicio había comenzado apenas meses atrás.
Sobre la “imparcialidad” formulada contra dos legisladores de Juntos por el Cambio integrados al jury, esta fue calificada como una afirmación “dogmática”. Bento cuestionó la imparcialidad con el argumento de que la entonces precandidata a presidenta de su espacio político (Juntos por el Cambio) había realizado declaraciones que lo acusaban de diversos delitos. “El razonamiento no pasa de ser una mera conjetura, expresada en forma dogmática y sin sustento objetivo alguno”, recalcaron desde la Corte.
Asimismo, el fallo enfatizó que cada uno de los cuatro primeros cargos fundamenta por sí solo la destitución, por lo que, al no acreditarse infracciones al debido proceso, la intervención del órgano judicial resulta improcedente para alterar el resultado del enjuiciamiento.
