En el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza se viene ventilando un caso que pone bajo la lupa el funcionamiento de dos organizaciones dedicadas al cannabis: Golden Flow y Space Wax. Sus integrantes sostenían que trabajaban bajo el amparo de la legislación que regula el uso medicinal de la planta, pero para la fiscalía, detrás de esa fachada funcionaba una estructura organizada de cultivo, acopio y comercialización de marihuana, con actividades que incluso incluían eventos recreativos y experiencias de turismo cannábico.
La acusación está a cargo de la fiscal María Eugenia Abihaggle, quien sostiene que seis personas se asociaron para desarrollar esa actividad al margen de las exigencias legales. El tribunal está integrado por los jueces Pablo Salinas, Alejandro Waldo Piña y Héctor Cortés.
Los acusados son Cristian Edgardo Ramos González, Diana Brenda Próspero Blanco, Sergio Nicolás Lescano, Luciano Leonel Moyano, Lisandro Soriano Próspero y Martín Felipe Aguiar Dimaría. La fiscalía les atribuye los delitos de siembra y cultivo de plantas de cannabis y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravados por la participación organizada de tres o más personas.
Pero el punto central del expediente no pasa solamente por la cantidad de plantas encontradas o la droga secuestrada. La investigación, liderada por la citada fiscal y la Policía de Mendoza, buscó reconstruir cómo funcionaban los clubes, de qué manera incorporaban socios, cómo obtenían y entregaban la marihuana y, fundamentalmente, por qué el Ministerio Público considera que utilizaron la legislación del cannabis medicinal para encubrir una actividad comercial.
La figura jurídica que les permitía evitar controles
Para entender el caso hay que detenerse en la Ley 27.350, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor mediante cannabis y sus derivados.
Esa normativa contempla la posibilidad de que asociaciones y organizaciones participen en el cultivo destinado a usuarios autorizados. Sin embargo, no habilita cualquier estructura ni permite desarrollar actividades comerciales o recreativas bajo esa cobertura.
Las disposiciones del Ministerio de Salud establecen que las organizaciones que buscan cultivar cannabis para terceros deben constituirse como asociaciones civiles o fundaciones sin fines de lucro, contar con la correspondiente inscripción y obtener la autorización del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN).
Según la teoría de la fiscalía, Golden Flow y Space Wax sortearon deliberadamente una parte fundamental de ese mecanismo: se constituyeron como simples asociaciones.
La diferencia no era menor. Esa figura no exige el mismo procedimiento de inscripción y fiscalización estatal que una asociación civil o una fundación. En nuestra provincia, estas últimas deben pasar por la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ), organismo que permite controlar su constitución y funcionamiento.
Para los investigadores policiales y judiciales, esa elección fue el primer paso de una maniobra destinada a evitar controles sobre las organizaciones. Al no reunir las condiciones exigidas, ninguna de las dos podía obtener la autorización necesaria para funcionar dentro del régimen del cannabis medicinal. Y así la venta “encubierta” fluía, detallaron fuentes consultadas por este diario.
Y hay otro dato que refuerza la acusación: Golden Flow tenía su solicitud ante el REPROCANN pendiente de evaluación, mientras que Space Wax ni siquiera registraba un trámite durante el período investigado. Es decir, ninguna contaba con una autorización aprobada para cultivar y entregar cannabis a sus integrantes.
Pese a eso, los responsables les transmitían a los socios que la presentación de los papeles era suficiente y que la inscripción tenía un carácter meramente declarativo. La fiscalía sostiene que esa explicación no se ajustaba a la normativa: tener un trámite iniciado no significaba estar habilitado para producir ni dispensar estupefacientes, sostiene la teoría del caso.
Socios y cuotas solidarias
La segunda parte de la causa se concentró en la forma en que los clubes conseguían integrantes y les entregaban la sustancia.
Entre ambas organizaciones tenían registrados 75 asociados. Sin embargo, los informes del REPROCANN determinaron que solamente 12 contaban con algún tipo de permiso al momento de los hechos. De este total, once tenían autorizaciones correspondientes al autocultivo domiciliario, que no habilitaban a retirar cannabis de los clubes.
Para la fiscalía, el dato expone una de las principales irregularidades del sistema: la marihuana se entregaba habitualmente a personas que no tenían autorización vigente, tenían trámites pendientes o directamente nunca habían iniciado el procedimiento.
La captación de integrantes también tenía sus particularidades.
En Golden Flow, varios socios llegaron a través de publicaciones en Instagram que promocionaban la posibilidad de asociarse y anunciaban los últimos cupos disponibles. Después, Cristian Ramos los convocaba a entrevistas personales en una estación de servicio ubicada en la intersección de San Martín y Amigorena, en Ciudad.
En Space Wax, el ingreso se producía principalmente mediante contactos personales y allegados de Luciano Moyano y Lisandro Soriano Próspero, quienes ofrecían gestionar la inscripción en el REPROCANN y sumar a los interesados a la organización, se desprende de la acusación fiscal.
Una vez incorporados, los asociados podían retirar distintas cantidades de marihuana. De acuerdo con los testimonios reunidos, las entregas habituales iban de dos a cinco gramos por visita y podían alcanzar los 40 gramos mensuales. Cada usuario elegía qué cantidad y variedad quería llevarse.
No existían consultas médicas periódicas, controles sobre la evolución de los pacientes ni profesionales que indicaran dosis, concentraciones de THC o CBD o frecuencias de consumo. La intervención de un médico se limitaba, según los testimonios (en el debate ya declararon varios testigos), al momento inicial de la carga de los datos para gestionar el trámite.
Ese funcionamiento es otro de los aspectos que la fiscalía utiliza para sostener que no se trataba de un programa de cannabis medicinal.
El dinero tampoco era un detalle menor. Los pesquisas detectaron que los integrantes abonaban entre 30.000 y 80.000 pesos por cada operación, aunque los pagos quedaban registrados como supuestas cuotas solidarias. Del caso se desprende que esos importes estaban directamente relacionados con la cantidad y el tipo de marihuana que retiraba cada persona.
Durante las medidas desarrolladas el año pasado, se secuestraron 80 comprobantes emitidos por las organizaciones bajo esa denominación. Los testimonios también señalaron que los pagos se realizaban en efectivo y que los responsables procuraban evitar las transferencias bancarias o las billeteras virtuales para no dejar rastros financieros.
Catálogos de variedades y marihuana a pedido
La investigación también reconstruyó cómo se ofrecían los productos. A través de mensajes de WhatsApp, principalmente desde Golden Flow, se difundían catálogos con distintas variedades de cannabis, entre ellas Glueberry OG, Critical O.P., Skywalker y MAC #1. Se trataba de flores que se ofrecían según su genética y contenido de THC, el principal componente psicoactivo de la planta.
La marihuana se entregaba fraccionada en bolsas tipo ziploc, diferenciadas según la variedad, y los integrantes podían elegir qué producto retirar. Todo un esquema elaborado de producción que no contaba con las autorizaciones correspondientes.
Para la fiscalía, esa modalidad se asemejaba a un circuito de comercialización: había una oferta de variedades, una entrega a demanda, cantidades determinadas por los compradores y un pago en efectivo asociado al producto.
Pero el expediente también incorporó actividades que excedían la entrega de cannabis a los socios. Detectaron publicaciones y conversaciones vinculadas con reuniones sociales, degustaciones y los denominados sunsets, encuentros organizados al atardecer. También surgieron referencias a experiencias de turismo cannábico con visitantes del exterior.
Algunos de los propios asociados reconocieron que habían adquirido marihuana para cumpleaños, fiestas y reuniones nocturnas, sin que existiera una finalidad terapéutica detrás del consumo.
La fiscalía consideró que esas actividades eran incompatibles con el régimen de cannabis medicinal, cuyo objetivo principal es la investigación científica y el uso terapéutico bajo condiciones de control y seguimiento sanitario.

Un cultivo de 330 plantas en El Challao
La dimensión de la estructura quedó expuesta durante las medidas desarrolladas en distintos puntos de la provincia. Uno de los allanamientos más importantes se desarrolló en un predio del barrio Cerro de la Capilla, en El Challao, Las Heras. Allí encontraron 330 plantas de cannabis distribuidas en viveros de nylon, espacios de cultivo interior y sectores destinados al secado.
Ese lugar era alquilado por Sergio Nicolás Lescano, a quien ubicaron como el responsable del cultivo. Entendieron que había montado la infraestructura necesaria para mantener la producción y contaba con la colaboración de otros integrantes de Space Wax.
En el dispensario de Golden Flow, ubicado en calle Rioja 758 de Ciudad, se secuestraron cogollos, picadura de marihuana, frascos con extractos, aceites identificados como Golden Oil, bolsas para el fraccionamiento, libros de balances y asistencia, además de 555.500 pesos en efectivo.
El otro procedimiento relevante tuvo lugar en calle Vieytes 44, en Godoy Cruz, vinculado con Space Wax. Allí encontraron varios kilos de cogollos distribuidos en bolsas, frascos con cannabis, 31 gramos de hongos alucinógenos secos, 1.890.000 pesos y 100 dólares.
Las pericias químicas de la Policía Federal también aportaron elementos a la acusación. De las 103 muestras analizadas, más del 88% arrojó resultados positivos para THC y otras sustancias incluidas en los anexos de la Ley de Estupefacientes.
Los seis acusados y las funciones que les atribuyen
La causa es tan grande que que no ubicaronlos a los seis imputados en un mismo nivel de responsabilidad. Por el contrario, reconstruyeron una distribución de tareas entre quienes dirigían las organizaciones, los que se ocupaban de los cultivos y quienes atendían los puntos de entrega.
Cristian Ramos González aparece como el principal referente de Golden Flow. De las pruebas se desprendió que dirigía la organización, seleccionaba a los socios mediante entrevistas, coordinaba el dispensario de calle Rioja, establecía los cobros y difundía los catálogos de variedades. También le atribuye la organización de eventos y experiencias turísticas.
Diana Brenda Próspero Blanco era la presidenta de Space Wax. Está sospechada de captar asociados, realizar entrevistas y elaborar en su domicilio productos derivados del cannabis, como aceites, tinturas y cápsulas. También habría tenido a su cargo el centro de acopio de calle Vieytes.
Sergio Nicolás Lescano era secretario general de Space Wax e integrante de Golden Flow, habría tenido a su cargo el cultivo de El Challao. Le atribuyeron el alquiler del predio y el montaje de los invernaderos y espacios interiores donde se encontraron las 330 plantas.
Martín Felipe Aguiar Dimaría colaboraba en el dispensario de Golden Flow. Atendía a los integrantes, entregaba la marihuana y confeccionaba recibos y comprobantes. La acusación sostiene que su carné individual de autocultivo activo era utilizado para darle una apariencia de legalidad a la actividad.
Luciano Leonel Moyano, tesorero y fundador de Space Wax, habría participado en las tareas de cultivo, la incorporación de nuevos socios y la entrega de cannabis a demanda.
Por último, Lisandro Soriano Próspero, vocal de la comisión directiva de Space Wax, se habría encargado de captar asociados, confeccionar etiquetas para los envases y almacenar parte importante de la sustancia procesada y fraccionada en una habitación del inmueble de calle Vieytes. Allí también se encontraron hongos alucinógenos.
Los testimonios destacados
Uno de los elementos centrales de la causa fueron las declaraciones de 26 personas que figuraban en los libros de socios secuestrados durante los procedimientos. Estos testigos también son el eje central del debate. Algunos ya ratificaron lo que declararon en la instrucción
Sus testimonios permitieron reconstruir cómo se incorporaban a los clubes, qué cantidades retiraban, cuánto pagaban y qué tipo de productos recibían.
Varios confirmaron que compraban marihuana en gramos y que elegían las variedades a partir de los catálogos que circulaban por WhatsApp. También describieron las entregas en bolsas diferenciadas y los pagos en efectivo bajo el concepto de cuotas solidarias.
Otros reconocieron que habían adquirido cannabis para fiestas y encuentros recreativos. Algunos incluso manifestaron que habían conocido las organizaciones a partir de las publicaciones sobre degustaciones y eventos sociales.
Un aspecto particularmente relevante apareció cuando la investigación penal ya estaba en marcha. Según la acusación, Ramos contactó a algunos asociados y les pidió que modificaran en la plataforma REPROCANN sus domicilios de cultivo para registrar el predio de El Challao. De esa manera, las 330 plantas encontradas allí podrían quedar vinculadas formalmente con los permisos individuales de los socios.
Algunos testigos rechazaron el pedido porque consideraron que se trataba de una maniobra irregular.
A esto se sumó el análisis de los teléfonos celulares: los investigadores encontraron mensajes, audios y conversaciones sobre las ventas, los catálogos, eventos y el turismo cannábico.
También detectaron que Ramos había realizado un reseteo de fábrica de su celular después de tomar conocimiento de la pesquisa, lo que para la fiscalía constituyó una maniobra destinada a eliminar información.
La discusión central
Así las cosas, la discusión que atraviesa el debate oral es, en definitiva, dónde termina la actividad permitida por la legislación sobre cannabis medicinal y dónde comienza una estructura de producción y comercialización de estupefacientes.
La defensa de los acusados -en el debate, son todos abogados oficiales- pretendió encuadrar el funcionamiento de las organizaciones dentro de la normativa que permite el acceso al cannabis con fines terapéuticos.
Sin embargo, la fiscalía sostiene que esa cobertura nunca existió legalmente: las entidades no tenían la forma jurídica exigida, carecían de autorización del REPROCANN y entregaban marihuana a personas sin permisos, sin controles médicos y a cambio de dinero.
