La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves declarar la inconstitucionalidad de dos artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su mandato, mediante los cuales se habilitaba a las empresas de medicina prepaga a fijar libremente el valor de sus aranceles sin intervención del Estado.
Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal ratificó de manera unánime una resolución previa de la Cámara Federal de La Plata. De esta forma, invalidó las disposiciones que habían suprimido las facultades de control oficial sobre las subas en los planes de salud.
El expediente se inició a raíz de la presentación judicial de una afiliada de una reconocida prepaga, quien denunció que su cuota había sufrido un incremento del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según planteó la demandante, de haberse mantenido vigente una resolución anterior del Ministerio de Salud de la Nación, la suba correspondiente a enero de 2024 habría alcanzado apenas el 6,26%, motivo por el cual reclamó la nulidad de los ajustes aplicados tras la entrada en vigencia del decreto.
Los ministros de la Corte confirmaron parcialmente el fallo de segunda instancia: sostuvieron la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, aunque dejaron sin efecto el tramo de la sentencia de Cámara que obligaba a la empresa a atar los aumentos futuros a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
A partir de esta resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud recupera la obligación legal de revisar las tarifas y sus eventuales modificaciones, debiendo fiscalizar y garantizar que los incrementos resulten razonables y estén sustentados “en variaciones en la estructura de costos” y en un “razonable cálculo actuarial de riesgos”.
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Los argumentos del fallo y los límites
En los fundamentos de la sentencia, los jueces remarcaron el carácter estrictamente excepcional de las atribuciones legislativas en manos del Poder Ejecutivo. En ese sentido, señalaron que el decreto presidencial carece de una justificación mínima sobre las circunstancias extraordinarias que habrían motivado la reforma del régimen de medicina prepaga.
Para el tribunal, no basta con invocar de manera genérica la existencia de una “crisis del sistema de salud” ni la necesidad de “aumentar la competitividad del sistema” bajo el argumento de que “se deben liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga”. Según los magistrados, esas afirmaciones no alcanzan para acreditar una urgencia tal que impidiera aguardar el trámite ordinario de sanción de una ley en el Congreso.
Las normas invalidadas por la Corte habían alterado dos artículos de la Ley 26.682, entre ellos el que facultaba al Ministerio de Salud -a través de la Superintendencia de Servicios de Salud-a “revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones” propuestos por las compañías del sector, disposición que había sido directamente derogada por el decreto.
“Los considerandos del DNU 70/2023 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación”, cuestionó el máximo tribunal. Asimismo, el fallo enfatizó que “no surge de sus términos ninguna explicación de por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para paliar la alegada ‘crisis económica y social del país”.
Finalmente, la Corte observó que “las normas derogadas o modificadas creaban potestades de control en cabeza de órganos del propio Poder Ejecutivo, cuyo ejercicio supone un margen de discrecionalidad dentro de las pautas legislativas fijadas”. Con este señalamiento, los magistrados advirtieron que la administración nacional ya disponía de herramientas administrativas para “otorgarle una impronta acorde a las consideraciones políticas que estimare relevantes para el mercado en cuestión”, circunstancia que “hace exigible un esfuerzo de justificación aún mayor” para fundamentar por qué “era imprescindible” recurrir a un decreto de necesidad y urgencia.
