El procurador general de la Corte, Alejandro Gullé, destacó los resultados que viene arrojando la implementación del régimen de flagrancia en el Código Procesal Penal. A poco más de tres meses de su puesta en marcha, el jefe de los fiscales reveló cifras que superaron las expectativas iniciales, aunque advirtió sobre la presión que este ritmo impone al sistema y reclamó la incorporación de nuevo personal.
“Desde que comenzó a funcionar -que fue hace tres meses y medio- tenemos 391 personas condenadas, 257 de las cuales fueron condenadas con pena de cumplimiento efectivo (es decir, que fueron al penal) y 134 con penas de ejecución condicional”, detalló Gullé durante la presentación del Presupuesto 2027 desarrollada este lunes. El nuevo mecanismo para juzgar los delitos implica que el imputado es atrapado en el acto o inmediatamente después.
Durante su exposición frente a los legisladores, Gullé dijo “vamos a llenar las las cárceles, sin dudas”. Luego, en diálogo con la prensa, le bajó el tono a sus dichos y aclaró el sentido de la advertencia.
“Fue una expresión jocosa en el sentido de que si seguimos a este ritmo, no va a haber cárcel que aguante. Si en tres meses y medio hemos tenemos doscientas y pico personas incorporadas al penal nada más que por esta unidad fiscal, haciendo la proyección, esto puede crecer. Pero fue nada más que una expresión risueña”, explicó. Consultado sobre si la infraestructura carcelaria actual soporta la demanda, afirmó: “Por ahora sí aguantan perfecto. Inclusive están por hacer una cárcel para delitos menores”.
Gullé pidió por un nuevo espacio forense y advirtió por el deterioro de la morgue
El procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gullé, expuso en la Legislatura las proyecciones presupuestarias del Ministerio Público Fiscal (MPF) para el ejercicio 2027. En ese marco, colocó como “prioridad institucional” la concreción del postergado proyecto…
El reclamo por recurso humano
Frente al volumen de causas que absorbe el sistema, el titular del Ministerio Público Fiscal (MPF) fundamentó la necesidad de sumar personal técnico y administrativo, con especial foco en la Segunda y Cuarta Circunscripción.
“Pedimos tener un poco más de personal para ampliar esto, porque está teniendo una tarea impresionante; no nos imaginamos que iba a tener este funcionamiento tan óptimo”, sostuvo.
No obstante, aclaró que la incorporación debe ser “de manera escalonada” entendiendo que la situación económica nacional y provincial atraviesa una caída en las recaudaciones. “No queremos un pedido desorbitado ni mucho menos; simplemente reforzar la parte técnica que estamos necesitando y lo que venimos pidiendo ya hace varios años, que es ir completando en la Segunda y Cuarta Circunscripción el personal administrativo que no tenemos. Quedaron en ir designando gente y la verdad es que nunca pudimos concretar las designaciones. Hay oficinas fiscales donde directamente está el ayudante fiscal solo”, confesó.
La justificación sobre los fiscales interinos
En otro tramo de su contacto con la prensa, Gullé respondió sobre la cantidad de fiscales que actualmente ocupan cargos de manera interina en la estructura judicial de la provincia.
“Los que están interinos es porque todavía no se ha llamado a postular. Hay muchos que han rendido examen y están esperando el llamado; a medida que postulan los va eligiendo el Ejecutivo, pasan por el Senado y se acabó”, precisó.
En esa línea, recordó las obligaciones que le impone la ley frente a las vacantes. “La norma me obliga a cubrir el lugar con una designación interina y me da un orden: primero de los que han aprobado el examen y, si no hay, hasta puedo poner interinamente a abogados que se desempeñen en el Ministerio Público Fiscal. Hay que cubrir el lugar porque alguien tiene que atender esa necesidad; si falta un fiscal estamos en problemas“, argumentó.
Cómo funciona el procedimiento de flagrancia
Los delitos flagrantes son aquellos en los que el delincuente es atrapado en el momento mismo del hecho o inmediatamente después, a juzgar por evidencia que así lo determine. Se contempló la creación de fiscalías especializadas en flagrancia dentro del Ministerio Público Fiscal, con dedicación exclusiva.
Se modificaron los plazos para formular imputaciones a los sujetos que son sorprendidos realizando el delito, así como también se extendió el plazo a 10 días para recoger pruebas.
También se obliga a que la solicitud de prisión preventiva por parte del fiscal se realice en la audiencia inicial. Esto con el objetivo de que en un mismo acto se debatan las medidas de coerción y la eventual resolución anticipada del proceso, evitando fragmentaciones “innecesarias”.
Además, se modificó la audiencia de finalización con el objetivo de agilizarla. Se incorporó la posibilidad de que el imputado se exprese libremente, se formalizó la inclusión de prueba digital y se estableció la obligación del juez de dictar sentencia en el mismo acto o en un plazo breve.