Un proyecto de ley impulsado por el diputado Álvaro Martínez propone modificar la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y el Código Penal, con el objetivo de reformar el funcionamiento del sistema penitenciario federal. Entre los cambios, se destacan la implementación de uniformes para los internos y metas de trabajo fijadas.
Según los fundamentos del proyecto, la iniciativa toma como punto de partida datos oficiales del Servicio Penitenciario Federal (SPF) correspondientes a fines de 2024: de 11.728 personas privadas de libertad, 7.545 percibían un peculio, pero solo el 38,72% (2.922 internos) realizaba labores productivas, mientras que el resto desempeñaba tareas generales de mantenimiento o limpieza. Sobre este diagnóstico, la iniciativa busca sustituir las tareas informales por un régimen de empleo medible, incorporando además severas restricciones de comunicación y contribuciones financieras obligatorias.
Prohibición de teléfonos celulares
El proyecto ratifica un punto que habitualmente se discute en la agenda pública, pero sin avances concretos: la prohibición de telefonía móvil. Martínez reflota el tema e impone la instalación de inhibidores de señal selectivos (GSM/LTE) en los pabellones.
Además, las comunicaciones orales se realizarán desde teléfonos fijos institucionales hacia una lista prefijada de hasta cinco números autorizados por judicialmente. Las llamadas podrán ser grabadas hasta por seis meses o interrumpidas en tiempo real ante eventuales irregularidades. Se fija un piso mínimo de 20 minutos diarios por interno.
A su vez, se establece que las conversaciones con abogados defensores mantendrán confidencialidad inauditable en salas acondicionadas con conectividad.
Uniformes obligatorios y clasificación por franjas de peligrosidad
Respecto al código de vestimenta, se dispone la provisión de uniformes de color beige o marrón claro. Además, se prohíbe a los visitantes vestir prendas en tonos azul, celeste, gris, negro, beige o marrón para prevenir confusiones de seguridad.
La vestimenta incluirá líneas refractarias blancas de 5 cm según la clasificación de riesgo: una franja para peligrosidad leve, dos para media y tres para alta peligrosidad (aplicable a delitos graves). Quienes se encuentren próximos a la libertad asistida o condicional usarán uniforme liso. Dicha categorización será revisable judicialmente cada año.
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Metas de trabajo y Arancel Único Carcelario (AUC)
En el proyecto se fijan metas de cobertura sobre la población objetivo apta: 50% en el primer año, 60% en el segundo y 70% a partir del tercer año. La remuneración computable no podrá ser inferior al 75% del valor horario del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
Además, regiría un Arancel Único Carcelario donde los condenados deberán aportar al sostenimiento de su manutención mediante el AUC, con un tope del 15% del SMVM. Las deducciones sobre el salario seguirán un orden de prelación: hasta 35% para cuota alimentaria, hasta 10% para indemnización a víctimas y hasta 20% para el AUC, sin que la suma acumulada supere el 70% del ingreso.
La norma aclara que la mora o falta de pago del AUC generará deuda computable pero no podrá interrumpir la provisión de alimentación, agua potable, atención médica ni artículos de higiene.
Ya existe una propuesta en Mendoza referida a la vestimenta, que fue presentada en la Legislatura en marzo de este año a través del senador provincial del PRO Martín Rostand. En aquella ocasión lo hizo como respuesta a fugas, como las ocurridas en la Alcaidía de Tunuyán y en el Hospital Central.