El caso de Valentín y Franco Yankelevich, quienes decidieron llevar el apellido de su madre, Romina, volvió a poner en discusión el derecho a modificar el apellido por situaciones de violencia o abandono familiar.
Aunque el cambio no es automático, la legislación argentina contempla esa posibilidad cuando existen motivos justificados. Las abogadas Carolina Aguilar (matrícula 9.333) y Sofía Burad (matrícula 10.145) explicaron a El Sol cómo se inicia el trámite, qué pruebas se necesitan y qué particularidades tiene cuando quien lo solicita es menor de edad.
Cómo es el trámite judicial para cambiar el apellido
El cambio o la supresión de un apellido requiere, en general, una solicitud ante la Justicia. La persona interesada debe explicar los motivos del pedido y presentar pruebas que permitan demostrar cómo ese apellido afecta su identidad o su bienestar.
Aguilar señaló que, en Mendoza, el proceso puede incluir una evaluación del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI), integrado por profesionales de distintas áreas. El informe psicológico es una de las herramientas que puede utilizar el juez para analizar el impacto de la situación.
También pueden presentarse testimonios, informes profesionales, denuncias y otros documentos vinculados con los hechos expuestos. No existe una única prueba determinante: el juez evalúa las circunstancias de cada caso.
Una condena penal por violencia no es un requisito indispensable. Burad explicó que, aunque una sentencia o una medida judicial pueden aportar elementos importantes, la Justicia de Familia puede analizar por su cuenta los antecedentes y las consecuencias del maltrato o el abandono.
El procedimiento contempla, además, la publicación de edictos en el Boletín Oficial durante dos meses consecutivos, para que terceros puedan presentar objeciones. Si las pruebas respaldan el pedido y no existen impedimentos, el juez puede autorizar el cambio. Una vez firme la resolución, se modifica la partida de nacimiento y se tramita la documentación correspondiente.
Cuándo se puede cambiar el apellido por violencia o abandono
El artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación permite modificar el nombre o el apellido cuando existen justos motivos. La violencia familiar, el abuso, el maltrato y el abandono afectivo o material pueden ser considerados por la Justicia, siempre que se acredite su impacto en la persona.
Aguilar aclaró que no es necesario que exista una condena por violencia para iniciar el trámite. También puede solicitarse el cambio cuando alguien siente que su apellido no lo representa o afecta su dignidad, aunque cada situación debe evaluarse de manera particular.
Burad, por su parte, remarcó que no alcanza con una preferencia personal: deben demostrarse razones serias que justifiquen la modificación. La evaluación judicial busca determinar si mantener ese apellido genera sufrimiento o afecta la identidad de quien lo lleva.
Qué pasa si quien quiere cambiar el apellido es menor de edad
Cuando el pedido involucra a niños o adolescentes, la edad y el grado de madurez son aspectos centrales. La opinión del menor debe ser escuchada y considerada de acuerdo con su autonomía progresiva y su interés superior.
Burad explicó que los adolescentes pueden solicitar asistencia letrada propia para defender su derecho a la identidad. A partir de los 13 años, su opinión adquiere especial relevancia, aunque eso no significa que el cambio se conceda automáticamente.
En Mendoza, el procedimiento también contempla la intervención de los progenitores. Según explicó la abogada, deben ser notificados para que puedan intervenir en el proceso, incluso cuando uno de ellos se opone al pedido. Esa oposición no determina por sí sola el resultado: la decisión queda en manos del juez, que debe evaluar las pruebas y priorizar el bienestar del menor.
Qué ocurre con el apellido cuando se pierde la responsabilidad parental
La supresión del apellido también puede plantearse en un proceso judicial relacionado con la responsabilidad parental. Aguilar explicó que el pedido puede incluirse como una solicitud vinculada con ese expediente, siempre que existan motivos que lo justifiquen.
Sin embargo, la pérdida de la responsabilidad parental no implica automáticamente que se elimine el apellido. Se trata de cuestiones diferentes y la modificación debe ser evaluada por la Justicia.
En todos los casos, el objetivo es determinar si existen razones suficientes para que el cambio represente una protección para la identidad y el bienestar de la persona.