De acuerdo con el sitio oficial del Ministerio Público, Mendoza tiene unos 80 fiscales en materia penal. A esos hay que agregarles doce que están en calidad de jefes. Y ninguno tiene la última palabra. Nunca. La estructura del organismo está diseñada de tal modo que las decisiones se toman entre tres personas: el Procurador Alejandro Gullé y sus dos adjuntos, Gustavo Pirrello y Paula Quiroga.

De ese trío, hay una opinión en particular que es la que está dándole forma y marcando el destino de las principales causas que se investigan en la provincia. Y es precisamente la de Quiroga, la nueva dama de hierro de la justicia mendocina que está dejando expuestos los manejos discrecionales de los expedientes. Es quien lleva el control puertas hacia adentro, con Gullé más volcado hacia cuestiones institucionales. A tal punto, que de nada sirve el material probatorio y posterior análisis de los fiscales si van en contra de su criterio. Una situación que genera presión en el Polo Judicial y que está mostrando algunas señales de rebeldía por parte de los investigadores.

La historia del policía José Eliseo Funes, imputado por homicidio agravado por ser sospechoso de haber asesinado a un presunto ladrón en un caso de “gatillo fácil”, tuvo un giro dramático sin que ninguno de los fiscales que estaban a cargo lo notaran. La primera acusación la había hecho Pirrello cuando aún no asumía como adjunto. Luego, quedó en manos de Claudia Ríos.

La causa se encaminaba a un juicio por jurado popular. Sin embargo, hubo un arreglo entre partes, se cambió la calificación para ser tomado como un caso de excesos en el cumplimiento del deber. Hubo conversaciones subrepticias, hubo un acuerdo y una decisión; todo, a espaldas de Ríos y el fiscal jefe de Homicidios, Fernando Guzzo, que, ante la inminencia de esta situación, y para evitar entrar en corto con sus superiores, pidió licencia. Ahí apareció Darío Tagua para cerrar el trato.

Guzzo volvió a ser protagonista de un contrapunto en el Ministerio Público. Esta vez, en una causa altamente cara en la opinión pública: la muerte de Alan Vilouta y las demoras en la Suprema Corte que permitieron que el caso prescribiera y que el único condenado por atropellar y matar al chico, César Alejandro Verdenelli, fue sobreseído de todo cargo.

Para remediar tremendo error, el máximo tribunal aprovechó otro caso que venía demorado y sacó un fallo en que establece el criterio que deben tener en cuenta los jueces mendocinos a la hora de analizar los plazos de prescripción. Fue una movida extrema para poder reparar el daño hecho en el caso Vilouta. De esta manera, al Ministerio Público solo le bastaba con mover una pieza: apelar el sobreseimiento y pedir la aplicación del criterio dispuesto por el pleno de la Corte. Y así volver todo para atrás, al momento en que Verdenelli aparecía como condenado.

Guzzo se negó a firmar ese recurso. El documento salió del Ministerio Público, pero sin su rúbrica.

El fiscal jefe de Homicidios entendió que se estaba manipulando el sistema judicial para corregir un error que había puesto en evidencia las dilaciones injustificadas que existen en el máximo tribunal. Y que, además, existe el riesgo claro de que el alcance de este fallo sea analizado por la Corte Suprema de la Nación y se traduzca en un reto para los jueces mendocinos; en especial, por eso de que ley más severa no es retroactiva.

La relación entre los fiscales y los adjuntos pasa por su peor momento. El deterioro se nota en algunas resoluciones, donde quienes se hacen cargo en primera instancia de las causas dejan por escrito que, si toman otra decisión, es puramente por la orden que les llega de arriba.

Ocurrió hace tres años, cuando imputaron a Janina Ortiz: Gabriel Blanco y Sebastián Capizzi manifestaron que la decisión de formalizar la acusación era de Paula Quiroga, y no de ellos. Y estuvo a punto de repetirse con la imputación contra Humberto Mingorance, titular de Aysam por la contaminación en Los Corralitos. Una vez más, Blanco y Capizzi pidieron que las sugerencias y las bajadas de línea llegaran por escrito. Esta vez, nadie se animó. Y la acusación avanzó.

Los fiscales están en una encrucijada; hasta dudan de la estabilidad y la garantía de su cargo. Están notando que haber rendido y aprobado el examen del Consejo de la Magistratura, haber pasado la entrevista personal y haber tenido la aprobación del Senado, a veces no alcanza. Y comienzan a mirar de reojo carreras meteóricas dentro del Ministerio Público. De auxiliares a fiscales interinos en tiempo récord. Porque ese es otro punto: los sustitutos. Sus pliegos aún no llegaron a la Cámara Alta e incluso así están ejerciendo por las vacancias que existen. Una especie de conjueces. Y, a la hora de elegirlos para lugares clave, los contactos mandan. Los más cercanos al poder se convierten en los favoritos.

Quiroga fue fiscal de Instrucción de San Martín; ejerció también con ese cargo en la Primera Circunscripción y de allí pasó a la Cuarta Cámara de Crimen, donde conoció al ahora ex juez Alfredo Coussirat, con quien terminó formando pareja. Creció de la mano de Susana García, una histórica fiscal de Cámara de Mendoza y entabló una estrecha relación con la actual ministra de la Corte, Teresa Day.

Cuando Mendoza cambió del sistema inquisitorio al acusado, fue fiscal de Las Heras y Lavalle y finalmente se desempeñó como jefa de Robos y Hurtos; lugar que dejó para subrogar al procurador adjunto, Gonzalo Nazar, de licencia por enfermedad. La muerte de Nazar la hizo pasar de interina a titular.

“Hay casos en que Quiroga pide imputar porque está en contra de las declaraciones informativas. Entiende que es un limbo que no aporta nada, porque no hay ni falta de mérito ni imputación. Tiene escritos sobre eso”, la defienden en el Polo. Aunque reconocen que el problema de la fiscal adjunta es creer que su criterio está por encima de las herramientas que contempla el Código Procesal Penal de Mendoza.

Esa imposición de puntos de vista quedó reflejada en el caso de las jugadoras del Club Alemán imputadas por abuso sexual por una serie de juegos y prendas realizadas en una bienvenida a quienes debutaban en Primera División.

La causa cayó en manos de Mercedes Moya. Su decisión fue archivar la causa por no encontrar elementos que configuraran ese delito. Su resolución fue avalada por la fiscal jefa de Delitos Contra la Integridad Sexual, Daniela Chaler. Sin embargo, un juez hizo lugar a la apelación de la querella y esta vez le tocó analizar el caso a Mauro Perassi. Como también interpretó que no había pruebas y el expediente debía archivarse, Quiroga intervino y, a través de Alejandro Iturbide, ordenó imputar a las jugadoras.

La influencia de Quiroga está en franco crecimiento. Define quién, cómo, dónde y cuándo. En el barrio Dalvian, ese complejo privado que a veces funciona como una suerte de franquicia informal de la Asociación de Magistrados, la consideran como la persona a tener en cuenta. Y los fiscales, incluso aquellos con años de carrera, saben que confrontarla puede tener tres desenlaces: un traslado, un cambio de fiscalía o una resolución contraria. Unos han decidido dejar en claro sus posturas de manera explícita y otros optaron por el vuelo por debajo de la línea de radar. Van del “yo le debo responder a los mendocinos y que ella se haga cargo de sus decisiones” al “ella tiene la última palabra y no pienso comprar un problema”.

Esa verticalidad marcial es posible gracias a la ley que regula el funcionamiento del Ministerio Público, que, por ejemplo, obliga a los fiscales de Instrucción a hacer consultas a sus superiores cada vez que una investigación involucra a un funcionario público. Lejos de garantizar la independencia de los fiscales, la termina condicionando. Es una disputa entre las evidencias y las influencias. De ahí, por ejemplo, el escándalo en el caso del policía Funes.

El sistema de favores no se agota en los fiscales. Desde la Corte también llegan señales difíciles de decodificar para quienes deben administrar justicia. La demora en las inhibiciones por parte de los jueces del máximo tribunal sorteados para intervenir en la causa que tiene como imputado al ex subsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino es un ejemplo. Dalmiro Garay, íntimo amigo del acusado, dice que se apartará cuando regrese de su licencia. José Valerio no se ha expresado sobre el vínculo profesional que desarrollaron cuando cranearon juntos las principales reformas penales de los últimos años. Y Teresa Day ha optado por el silencio cuando se le preguntó por las fotos viralizadas de D’Agostino en el casamiento de su hijo; oh casualidad, en aquella ocasión, la pareja del entonces funcionario era la actual denunciante.

La consecuencia de esa intemperie institucional es el silencio y el acomodo por encima de la ley. Una paradoja perfecta y cínica.