La Libertad Avanza cambió sobre la marcha su estrategia y decidió dar quórum este miércoles a las 12 en la Cámara de Diputados, donde la oposición buscará avanzar con proyectos para atender el endeudamiento de las familias y prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad. El oficialismo había intentado hasta último momento impedir que se alcanzaran los 129 legisladores necesarios para abrir la sesión.

La decisión se tomó ante la posibilidad concreta de que la oposición reuniera el número por sus propios medios. En el Gobierno calculaban que la diferencia podía ser de apenas uno o dos diputados y que incluso algunos bloques aliados estaban dispuestos a bajar al recinto. Frente a ese escenario, La Libertad Avanza optó por participar del debate y evitar que la apertura de la sesión quedara expuesta como una derrota política.

El jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, había negociado durante buena parte de la jornada con sectores aliados desde las oficinas del presidente de la Cámara, Martín Menem. Pero el oficialismo terminó aceptando el quórum y ahora buscará utilizar el debate para defender su propia alternativa frente al problema del endeudamiento. La discusión tendrá como telón de fondo una agenda política atravesada por la estrategia del Gobierno en torno al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

La oposición tenía los votos para abrir la sesión

Los cálculos que manejaba la oposición contemplaban 93 diputados de Unión por la Patria, cuatro del Frente de Izquierda y 18 de Provincias Unidas. A ese bloque se sumarían dos legisladores de la Coalición Cívica y dos de Encuentro Federal, además de Marcela Pagano, Natalia de la Sota y Jorge Fernández.

También habían anticipado su presencia legisladores de Argentina Federal, entre ellos representantes de Misiones y Salta, junto con Eduardo Falcone, del MID, y Karina Maureira, de La Neuquinidad. La diputada neuquina había confirmado que participaría de la sesión y cuestionó que una simple prórroga de la emergencia pudiera ser suficiente para atender la situación de las personas con discapacidad.

La convocatoria había sido impulsada por el radical crítico Pablo Juliano y contempla dos temas de fuerte impacto social: el endeudamiento de los hogares y la continuidad de la Emergencia en Discapacidad. “El Congreso no puede mirar para otro lado”, había planteado el diputado.

El endeudamiento familiar, el eje de la disputa

El cambio de estrategia del oficialismo también está relacionado con el tratamiento de los proyectos sobre desendeudamiento familiar. La Libertad Avanza había intentado llevar la discusión hacia un cronograma más extenso en comisiones, con reuniones informativas y nuevos encuentros durante septiembre, para intentar emitir dictámenes hacia fin de mes y llevar el tema al recinto recién en octubre.

La oposición rechazó esa estrategia por considerar que demoraba la respuesta a un problema que afecta a millones de hogares. Existen cerca de 50 proyectos vinculados con el endeudamiento, por lo que la sesión podría convertirse en el escenario para unificar posiciones y discutir una salida legislativa.

Durante el tratamiento en la Comisión de Finanzas, representantes del sistema financiero reconocieron la existencia del problema, aunque plantearon diferencias sobre la necesidad de una nueva legislación. Francisco Gismondi, gerente general de ADEBA, sostuvo que los bancos ya realizaron unas 500.000 refinanciaciones y consideró que no hace falta una ley para abordar cada caso.

Desde el sector fintech, Mariano Biocca aportó otra dimensión del problema: señaló que casi 21 millones de personas acceden a crédito formal, mientras que unas cinco millones presentan algún nivel de irregularidad. “Estamos buscando desarmar la bola de nieve que se está armando”, afirmó.

El Gobierno mantiene su rechazo a una regulación fuerte sobre bancos y financieras y a cualquier iniciativa que implique un aumento significativo del gasto público. Con el cambio de estrategia, buscará ahora llevar su propia propuesta al recinto, negociar modificaciones durante el debate y evitar que la oposición imponga una solución legislativa. Si finalmente se aprueba una norma contraria a la posición de la Casa Rosada, el Ejecutivo ya anticipó que Javier Milei podría vetarla.