SLB, Baker Hughes y Halliburton, tres de las principales empresas globales de servicios petroleros, comunicaron que no participarán en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas ni en los espacios marítimos circundantes. Las definiciones se conocieron después de los anuncios realizados por el presidente Javier Milei y de la publicación del Decreto 868/2026, que amplió el alcance de las sanciones previstas en la legislación argentina.
La primera en pronunciarse este sábado fue SLB, una de las mayores compañías mundiales de servicios y tecnología para la industria energética. A través de un comunicado de su filial argentina, señaló que, “en atención a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional”, no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación vinculados con servicios para proyectos hidrocarburíferos en Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.
Horas después, Baker Hughes Argentina difundió una comunicación en el mismo sentido. La compañía, dedicada a la provisión de equipos y servicios para la industria petrolera, afirmó que no pretende participar en licitaciones destinadas a proyectos hidrocarburíferos en las islas. De esta manera, se sumó a la decisión anunciada previamente por Halliburton, que también negó tener participación en el proyecto Sea Lion o en actividades de exploración y producción alrededor de Malvinas.
La decisión de las tres compañías adquiere relevancia por su presencia en la Argentina y, especialmente, por su participación en el desarrollo de Vaca Muerta. SLB mantiene acuerdos con YPF y otros actores de la formación neuquina, mientras que Baker Hughes y Halliburton también tienen una fuerte presencia en el sector energético argentino. En ese contexto, el nuevo esquema regulatorio podría reforzar el incentivo de las grandes empresas de servicios a mantener sus operaciones dentro del marco legal argentino y evitar cualquier vínculo con proyectos que puedan generar sanciones.
El Gobierno nacional abrió además un proceso sancionatorio contra 45 personas y empresas por actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en Malvinas. La investigación apunta a determinar posibles incumplimientos de la Ley 26.659, que establece restricciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.
Mientras tanto, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, las compañías que impulsan Sea Lion, ratificaron que continuarán con el proyecto. El desafío para sus operadores pasa ahora por la contratación de proveedores y empresas de servicios que puedan trabajar en la explotación offshore sin quedar alcanzados por las restricciones argentinas. La salida de tres gigantes internacionales del sector reduce el universo de compañías de primer nivel disponibles para ese tipo de tareas.
El contraste también se explica por el peso que tiene Vaca Muerta para estas compañías. Según estimaciones citadas por analistas del sector, el proyecto Sea Lion representa una fracción muy pequeña del potencial de la formación neuquina. Para empresas con operaciones, contratos e inversiones en la Argentina, involucrarse en actividades en Malvinas podría implicar un riesgo regulatorio y comercial mayor frente al atractivo de continuar ampliando su presencia en Vaca Muerta.