A través de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, presidida por el mendocino Martín Aveiro (Unión por la Patria), el peronismo solicitó formalmente la interpelación del ministro de Economía, Luis Caputo, para que brinde explicaciones sobre el destino de los recursos multimillonarios recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
La jugada parlamentaria contó con la participación de intendentes, legisladores de diversos bloques y representantes de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA). El reclamo se apoyó en la investigación periodística revelada por Hugo Alconada Mon en LN, la cual expuso que durante casi tres años la gestión nacional recaudó más de $1,5 billones a través del fideicomiso del Sistema Vial Integrado (SisVial) para obras viales, pero apenas destinó una cuarta parte a ese fin. A fines de mayo pasado, el fondo mantenía más de $1 billón paralizado e invertido en plazos fijos y títulos públicos.
Si bien en los pasillos de la Cámara Baja admiten que la citación a Caputo difícilmente avance por una cuestión de mayorías, dentro de Unión por la Patria leen la movida como un triunfo político. El objetivo apuntó a visibilizar una problemática palpable para la ciudadanía, marcada por el marcado deterioro del asfalto y la falta de mantenimiento en los corredores nacionales.
Impuesto a los Combustibles: Mendoza sólo tendrá un tramo de la Ruta 40 bajo mantenimiento nacional
El avance del nuevo esquema vial impulsado por el Gobierno nacional reavivó una vieja discusión: qué ocurre con los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), un tributo que los automovilistas pagan cada vez que cargan nafta o gasoil y…
Un informe técnico alertó por el estado de las calzadas
El Informe Integral de Situación Vial Nacional, presentado en la Comisión y elaborado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) advierte sobre un deterioro físico sin precedentes en la red vial argentina.
Entre los puntos tenidos en cuenta, se destacó el crédito vigente para obras viales cayó un 24,8% y la inversión en conservación por kilómetro es de apenas USD 5.900, muy por debajo del estándar técnico mínimo de USD 15.000
Respecto del incumplimiento de la Ley SISVIAL, de los 11,2 billones de pesos recaudados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) durante la gestión actual, solo se ejecutó en asfalto la tercera parte de lo que ordena la ley.
Se resaltó que hubo un excedente de $1.071.208 millones que debió usarse en rutas y que fue colocado en títulos públicos (85,3%) y plazos fijos (14,7%).
En la exposición también se destacó que entre el 70% y 75% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, un récord histórico. Se hizo hincapié en que no invertir en rutas “no es ahorrar”, sino “consumir activos”. La red vial tiene un valor de reposición de USD 51.697 millones y su degradación traslada costos por USD 2.239 millones anuales a la sociedad y al transporte.
A su vez, entre junio y julio de 2026, se registraron 29 víctimas fatales en 22 siniestros ocurridos en corredores con deterioro estructural verificado. Los siniestros ocurren en calzadas con ahuellamientos profundos, baches, banquinas descalzadas y falta de señalización
Denuncia penal en la Justicia Federal
El avance parlamentario conducido por el dirigente mendocino se dio en paralelo a la acción judicial impulsada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. La legisladora presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra funcionarios del Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Nación por los presuntos delitos de malversación agravada de fondos públicos, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La presentación judicial detalla que al 31 de mayo de 2026 el SisVial acumulaba $1,001 billones volcados a colocaciones financieras y otros $37.761 millones inmovilizados en cuentas bancarias. En total, más de $1,038 billones permanecían sin ejecutar.
Asimismo, la demanda remarca que en un plazo de dos años y medio la recaudación del fideicomiso alcanzó los $1,503 billones, pero solo se ejecutaron $394.406 millones, registrando una subejecución del 73,8%.
La respuesta oficial de la Casa Rosada
Frente a la catarata de críticas y la denuncia penal en puerta, el Gobierno nacional salió a desestimar las acusaciones. El vocero presidencial, Adrián Raver, negó de forma tajante la existencia de irregularidades en el manejo de los fondos.
“No se están malversando fondos, no hay ningún delito. El resto del dinero no se desvía a ningún lado: está invertido justamente para que no pierda valor y se asignará a las rutas nacionales”, aseveró ante la prensa.