El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, se refirió al proyecto del Gobierno nacional que propone eliminar la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y modificar distintos aspectos de la Ley General de Vinos.

En declaraciones al programa Palabras Cruzadas, de LVDiez, el funcionario sostuvo que ambos temas deben analizarse por separado: mientras consideró que el futuro de la Coviar corresponde a una discusión entre actores privados, advirtió que la reforma de la legislación vitivinícola podría afectar aspectos centrales de la actividad en la provincia.

Respecto de la Coviar, Vargas Arizu recordó que el debate no es nuevo y señaló que desde hace al menos dos años existen diferencias entre las entidades que integran la corporación. “Es actividad privada versus actividad privada, el Estado no tiene injerencia, no pone fondos ahí“, afirmó. En ese sentido, explicó que los recursos provienen de aportes obligatorios del propio sector y recordó que los objetivos originales del Plan Estratégico Vitivinícola eran impulsar las exportaciones, fortalecer el mercado interno y mejorar la infraestructura para pequeños productores.

El ministro consideró que esos objetivos no pudieron alcanzarse, aunque desligó de esa responsabilidad a la entidad. “No por culpa de la Coviar, estas tres premisas no se cumplieron, sino por la situación del país“, sostuvo. Entre los factores que mencionó enumeró el atraso cambiario, los distintos tipos de cambio y la pérdida de competitividad que sufrió la industria durante los últimos años. “Hoy tenés un dólar de $1.500 con el que comprás y vendés al mismo valor, pero recuperar los mercados va a llevar tiempo”, agregó.

Sobre el proyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, recordó que un intento previo de convertir en voluntario el aporte a la Coviar fue frenado por la Justicia. “Lo hicieron por decreto y la Justicia lo rechazó porque una ley no puede ser modificada por un decreto. Ahora van sobre la ley”, explicó. En ese marco, anticipó que la iniciativa será debatida en el Congreso durante el tratamiento de la denominada ley ómnibus y remarcó que la Provincia tendrá un rol limitado por tratarse de un conflicto entre privados.

Críticas a la reforma de la ley de vinos

Las mayores objeciones del ministro estuvieron dirigidas al proyecto que modifica la Ley General de Vinos. Vargas Arizu sostuvo que la iniciativa busca transformar al vino en un producto masivo y eliminar herramientas que distinguen su origen y calidad. “Hay muchas objeciones. Lo que trata es de evitar las regionalizaciones. Saca las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, y esa es la esencia del vino”, afirmó.

El funcionario defendió el sistema de trazabilidad vigente al considerar que constituye uno de los principales activos de la vitivinicultura argentina. “No es lo mismo un Cabernet de Cafayate que un Cabernet de Luján de Cuyo. Tampoco uno producido en Los Chacayes, Lavalle o Santa Rosa. Cada vino tiene características, aromas y sabores distintos”, señaló. Y agregó: “El vino no es una bebida cualquiera. Es una forma de vida, no solamente un producto”.

También expresó reparos sobre la posibilidad de flexibilizar el fraccionamiento en origen y las normas para importar y mezclar vinos. Según explicó, permitir que el envasado se realice fuera de las zonas productoras podría concentrar la actividad cerca de los grandes centros de consumo y afectar tanto la trazabilidad como el desarrollo regional. “Podés poner las plantas de fraccionamiento en Buenos Aires porque allí está el 60% del consumo, pero eso hace perder la trazabilidad y la calidad”, sostuvo.

El impacto en Mendoza

Para Vargas Arizu, cualquier modificación de la legislación debe contemplar el peso que tiene la vitivinicultura en la economía mendocina. Recordó que el complejo representa alrededor del 15% del Producto Bruto Geográfico de la provincia, involucra a unas 700 bodegas y cerca de 27.000 productores. “No es un negocio solamente. Viven muchísimas familias de esta actividad“, afirmó.

Además, vinculó la identidad del vino con el desarrollo del turismo enológico. “Más de dos millones de personas visitan las bodegas por año. La gente no pide simplemente un vino; pide una carta de vinos, busca una denominación de origen, una historia detrás de cada etiqueta”, indicó.

Finalmente, cuestionó que las reformas respondan a una visión excesivamente centralista y homogénea del mercado. “Hay un criterio ideológico que va contra los usos y las costumbres de 250 o 300 años de vitivinicultura”, afirmó.