La disputa entre Iberte y Jugos Australes sumó un nuevo capítulo. La Justicia provincial resolvió dejar sin efecto las transferencias de inmuebles que la empresa mendocina había realizado a favor de sus accionistas Marcelo Bocardo y José Eduardo Sánchez en medio del conflicto por una deuda multimillonaria derivada de exportaciones incumplidas.
La resolución fue emitida por el Tribunal de Gestión Asociada Tercero, que concluyó que las operaciones patrimoniales tuvieron como finalidad dificultar el cobro de la deuda reclamada por la firma europea a raíz de incumplimientos en contratos internacionales de exportación de mosto concentrado de uva.
En concreto, el fallo declaró “inoponibles” las maniobras realizadas en octubre de 2020. Esto significa que, para Iberte, no tienen efectos jurídicos y los bienes continúan alcanzados por los reclamos judiciales pese a haber sido transferidos formalmente a Bocardo y Sánchez.
La maniobra bajo análisis
La causa se originó a partir de un contrato firmado en junio de 2020 entre Iberte, Eco Green International LLC y Jugos Australes para operaciones internacionales de comercialización de mosto.
Según surge del expediente, Iberte adelantó más de 10 millones dólares para la compra del producto, aunque sostiene que la mercadería nunca fue entregada.
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Mientras la empresa extranjera avanzaba con intimaciones y reclamos arbitrales, Jugos Australes concretó la transferencia de la totalidad de sus inmuebles a favor de sus accionistas mediante una dación en pago vinculada a distribución de dividendos societarios.
Las escrituras fueron firmadas el 7 de octubre de 2020 e incluyeron propiedades estratégicas para la operatoria industrial de la compañía, entre ellas la planta concentradora de mosto ubicada en Guaymallén y otros inmuebles en San Martín.
La continuidad del uso de los inmuebles
Uno de los puntos que más peso tuvo en el análisis del tribunal fue que, aun después de las transferencias, la compañía continuó utilizando los mismos bienes para operar normalmente.
Según quedó acreditado en el expediente, Bocardo y Sánchez firmaron contratos de comodato para permitir que la empresa siguiera operando en las mismas instalaciones que habían sido transferidas a su nombre, situación que la jueza interpretó como un claro indicio de vaciamiento patrimonial.
Para el tribunal, esa circunstancia evidenció que las operaciones no modificaron el funcionamiento real de la empresa, aunque sí alteraron formalmente la composición de su patrimonio frente a eventuales embargos y ejecuciones.
La resolución también hizo foco en la brecha entre el valor contable de los inmuebles y el monto declarado en la operación. De acuerdo con el expediente, los activos estaban valuados en los balances por más de 514 millones de pesos, mientras que la transferencia se concretó por aproximadamente 46 millones.
La defensa fue rechazada
Durante el proceso, Jugos Australes, Bocardo y Sánchez sostuvieron que el vínculo con Iberte no respondía a una compraventa internacional de mosto sino a un préstamo financiero encubierto y presuntamente usurario.
Sin embargo, la Justicia descartó ese planteo tras analizar contratos previos, documentación comercial y antecedentes de operaciones entre las empresas desde 2019. El fallo concluyó que existió una verdadera relación comercial vinculada a exportaciones de productos vínicos y no un simple mutuo financiero disfrazado.
La sentencia también valoró testimonios y documentación que acreditaban operaciones internacionales previas entre Iberte y Jugos Australes, así como la intervención directa de Bocardo en esas negociaciones.
Un conflicto que sigue creciendo
El fallo se suma a otros reveses judiciales para Jugos Australes y las sociedades vinculadas a la operatoria. En octubre de 2025, la Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó el laudo arbitral que condenó solidariamente a Eco Green International LLC, Jugos Australes y Marcelo Bocardo a pagar más de 12 millones de dólares más intereses a Iberte, monto que actualmente superaría los 16 millones.
Además, existen embargos preventivos sobre bienes de la empresa, ingresos derivados de exportaciones y cuentas vinculadas a operaciones en el exterior.
En paralelo, el Banco Central mantiene abierto un sumario penal cambiario relacionado con presuntas irregularidades en operaciones de comercio exterior, mientras avanzan investigaciones penales vinculadas al conflicto.