El Gobierno nacional envió al Congreso de la Nación Argentina dos proyectos de ley orientados a reformar el marco de salud mental y a endurecer controles sobre pensiones por invalidez. Las iniciativas fueron definidas tras una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y forman parte de un paquete que busca reordenar áreas sensibles del gasto público y del sistema sanitario.
En materia de salud mental, el proyecto impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación apunta a “actualizar el marco normativo” y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. El texto propone reforzar el rol de los médicos, en particular de los especialistas en psiquiatría, y redefinir conceptos centrales. Entre los cambios, se reemplaza la noción de “padecimiento mental” por categorías basadas en la Organización Mundial de la Salud, incorporando el enfoque de trastornos mentales o del comportamiento.
El Ejecutivo también plantea modificar los criterios para internaciones involuntarias. En lugar del “riesgo cierto e inminente”, se introduce la categoría de “riesgo grave de daño” para la persona o terceros, con el objetivo de ampliar el margen de intervención preventiva. La internación seguirá siendo considerada un recurso excepcional, sujeta a evaluaciones interdisciplinarias, participación de al menos un psiquiatra y notificación judicial. Además, se habilita el uso de hospitales generales, instituciones especializadas y centros privados, y se establece que rechazar pacientes por motivos de salud mental constituirá un acto discriminatorio.
El diagnóstico oficial identifica problemas de aplicación de la normativa vigente: solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley, mientras que la disponibilidad de servicios y camas de internación presenta disparidades. El relevamiento previo incluyó aportes de pacientes, familiares y profesionales, que señalaron dificultades operativas y vacíos en la gestión de casos críticos.
En paralelo, el segundo proyecto se enfoca en las pensiones no contributivas por invalidez. Según el Gobierno, estos beneficios pasaron de 76.000 en 2003 a cerca de 1,2 millones en 2023, lo que motivó sospechas sobre su otorgamiento. El texto menciona auditorías que detectaron irregularidades, como incumplimiento de requisitos y datos inconsistentes, y propone un esquema de control más estricto con auditorías periódicas, cruce de información entre organismos y reempadronamiento obligatorio.
La iniciativa también habilita la suspensión de beneficios ante incumplimientos y fija que la prestación equivaldrá al 70% del haber mínimo jubilatorio, con incompatibilidades respecto del empleo formal. El Ejecutivo sostiene que las medidas buscan corregir desvíos en la asignación de recursos y fortalecer los mecanismos de control sin afectar a los beneficiarios que cumplen con los criterios legales.