A horas de que venza el plazo fijado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) para depositar $684 mil millones en concepto de decomiso por perjuicios al Estado en la causa “Vialidad”, Cristina Fernández de Kirchner presentó un escrito en el que impugnó la medida, pidió dejarla sin efecto y defendió la legitimidad de su patrimonio.
La intimación incluía a todos los condenados por irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015, causa en la que también fueron sentenciados Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y cinco exfuncionarios provinciales.
El monto, equivalente a unos USD 537 millones, fue actualizado por peritos de la Corte Suprema utilizando el índice de precios al consumidor (IPC) del INDEC sobre la base de los $85 mil millones fijados en la sentencia de diciembre de 2022. Según el fallo, el decomiso busca resarcir el daño al erario público y corresponde al “provecho de un gravísimo hecho de corrupción”.
El tribunal había advertido que, en caso de incumplimiento, se procederá a la ejecución de bienes de los condenados.
En su presentación, la exmandataria y sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola elaboraran un listado de bienes sin —según afirman— haber realizado una investigación patrimonial que determine cuáles encuadran en el artículo 23 del Código Penal.
“No tuve ni tengo bienes que sirvan para cometer el hecho juzgado ni que sean producto o provecho del delito”, explicaron los abogados de CFK, quienes remarcaron que su evolución patrimonial y la de su familia “es absolutamente legítima”.
Además, calificaron la medida como un “disparate jurídico” y una “regresión normativa” con rasgos “inquisitivos y confiscatorios”, advirtiendo que, de concretarse, podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino.