Julieta Silva, la mujer condenada en 2018 por atropellar y matar un año antes a su entonces pareja Genaro Fortunato en San Rafael, volvió a quedar bajo arresto este jueves tras ser imputada por atacar a su actual esposo, con quien tiene una hija de un año.
La detención se ordenó luego de que el hombre denunciara haber sido agredido físicamente por Silva. Según confirmó el Ministerio Público Fiscal, la imputación formal fue por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, luego de que personal policial interviniera en el domicilio al recibir una alerta al CEO.
Allí constataron que la víctima presentaba escoriaciones y una tumefacción (hinchazón) compatibles con golpes.
De acuerdo con la información judicial, la fiscalía dispuso una prohibición de acercamiento y solicitó medidas de prueba urgentes, como evaluaciones médicas y testimonios. Tras la toma de declaraciones a efectivos intervinientes y el informe del Cuerpo Médico Forense, se avanzó con la imputación y detención bajo modalidad domiciliaria, con colocación de tobillera electrónica. La decisión tuvo en cuenta que Silva está a cargo del cuidado de su hija menor.
Desde el entorno judicial también se confirmó que la propia Julieta Silva presentó una contradenuncia por violencia de género, la cual quedó incorporada a la causa principal.
Silva se encuentra nuevamente en el centro de la escena judicial tras haber sido protagonista de uno de los casos más resonantes ocurridos en Mendoza en la última década.
El hecho tuvo lugar la madrugada del 9 de septiembre de 2017, cuando atropelló con su auto a Genaro Fortunato, un joven rugbier con quien mantenía una relación sentimental.
La secuencia ocurrió a la salida del boliche “La Mona”, en San Rafael, luego de una discusión de pareja. Fortunato cayó a la calzada y Silva lo arrolló al dar la vuelta con su vehículo, causándole la muerte por aplastamiento de cráneo.
Por ese episodio, Silva fue condenada a tres años y nueve meses de prisión por homicidio culposo agravado, más ocho años de inhabilitación para conducir. La pena fue confirmada por la Suprema Corte.