El presidente Javier Milei inauguró el sábado pasado las sesiones ordinarias del Congreso con anuncios de alto impacto político, destacando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y manteniendo un tono confrontativo con la oposición, de la cual depende para avanzar con su agenda legislativa.
Durante su discurso, el mandatario instó a los sectores “dialoguistas” y “duros” de la oposición a respaldar las negociaciones con el FMI, que implicarían un desembolso de USD 10.000 millones para fortalecer las reservas y facilitar la eliminación del cepo cambiario.
Además, anticipó el envío de varios proyectos de ley al Congreso, entre ellos la obligatoriedad del equilibrio fiscal en todas las jurisdicciones, la limitación del gasto público al 25% del PBI, una reforma laboral, la reducción del número de impuestos a seis, modificaciones en el Código Penal para endurecer las penas y una reforma migratoria.
Sin embargo, entre las múltiples iniciativas anunciadas, la que tendrá un avance inmediato es la reducción de la edad de imputabilidad. Se trata de un debate recurrente en la política argentina que vuelve al centro de la escena. En junio del año pasado, los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentaron un proyecto para fijar en 13 años la edad mínima de imputabilidad para todos los delitos.
La propuesta contempla penas de hasta 20 años de prisión, pero también sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto, monitoreo electrónico y prestación de servicios comunitarios para delitos menores.
El año pasado se llevaron a cabo siete reuniones informativas sobre el tema, pero no se logró consenso para emitir dictamen. Tras el discurso de Milei, que mencionó el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada en La Plata, y cuestionó con dureza al gobernador Axel Kicillof, la diputada Rodríguez Machado, presidenta de la comisión de Legislación Penal, adelantó que se convocará a un plenario de comisiones la próxima semana para avanzar en un nuevo Régimen Penal Juvenil. Actualmente, hay 13 proyectos con estado parlamentario sobre la mesa.
En paralelo, la Cámara de Diputados se prepara para tratar en una sesión especial el caso $Libra, la criptomoneda que Milei promocionó en sus redes sociales y que, tras un repunte abrupto, sufrió una caída estrepitosa.
El episodio derivó en acusaciones de estafa y uso de información privilegiada contra el mandatario. La sesión, solicitada por el bloque Democracia para Siempre, de Facundo Manes, está prevista para el martes 11 y contempla la creación de una Comisión Investigadora, pedidos de informes al Poder Ejecutivo e interpelaciones a funcionarios.
La posible conformación de dicha comisión preocupa al Gobierno, que teme que la oposición logre los votos necesarios para forzar su tratamiento en comisión. Para ello, se requiere una mayoría simple de 129 diputados, mientras que, para su aprobación en el recinto, sería necesario el mismo número de votos.
Semanas atrás, el oficialismo logró bloquear un intento similar en el Senado gracias a la presión de los gobernadores sobre el bloque radical, que terminó votando dividido.
Ahora, el Gobierno dependerá nuevamente de los gobernadores para evitar que bloques como Democracia para Siempre, Innovación Federal y Encuentro Federal sumen quórum en la sesión especial.
Sin embargo, la baja asistencia de mandatarios provinciales a la apertura de sesiones el sábado encendió las alarmas en la Casa Rosada. Solo seis gobernadores estuvieron presentes: Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Jorge Macri (CABA), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Poggi (San Luis). El resto optó por permanecer en sus provincias, evidenciando el deterioro del vínculo con la administración libertaria.