“El programa es buenísimo y funciona, pero…”. La frase inconclusa, que resuena en los pasillos del edificio del Ministerio Público Fiscal (MPF), hace referencia a Contá Conmigo, una herramienta lanzada en noviembre de 2022 para abordar casos de abusos sexuales a menores y que tiene como protagonistas a perros entrenados que los acompañan en el difícil proceso judicial.
La misión de los canes adiestrados es “servir de colchón emocional a las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual que deben afrontar los momentos previos a declarar en Cámara Gesell”. Sin embargo, más allá de las buenas intenciones y los beneficios del programa impulsado fundamentalmente por Andrea Chaves, coordinadora general del MPF, una serie de sospechas por posibles procesos direccionados e irregularidades administrativas amenazan con empañar el proceso.
El 27 de junio se aprobaron dos licitaciones públicas para el “Servicio adiestramiento canino para personal del Equipo de Abordaje de Abusos Sexuales (EDeAAS)” y para el “Servicio guía canina para canes del MPF”. Ambas resultaron desiertas por falta de oferentes, por lo que se decidió avanzar con contrataciones directas con publicación, que tuvieron el mismo desenlace.
En el medio, se decidió convocar a proveedores del Estado para que participen del proceso. Fueron más de 500 invitaciones que se giraron vía mail a personas y empresas de los rubros más diversos, la gran mayoría sin relación con objeto de las licitaciones: desde contadores y abogados hasta compañías ligadas a la construcción, casinos, medicina, celulares y aeronáutica, entre otras.
Los responsables del proceso explicaron que el propio sistema oficial de compras se encarga de armar automáticamente ese extenso y variopinto listado de invitaciones, donde no figuraban las dos especialistas que finalmente fueron contratadas por el MPF.
Es que ante la falta de oferentes, se declararon desiertos los procesos y se avanzó en la contratación directa sin publicación de Rosanna Benedetto para el “Servicio de guía canina”, por $9,4 millones al año; y de Noelia Gómez para el “Servicio de capacitación al personal”, por $11,1 millones por el mismo lapso.
Pese a intervenir desde un primer momento en “Contá conmigo”, Benedetto y Gómez no se presentaron en la licitación inicial. Pero desde el EDeAAS destacaron que eran “idóneas” para el trabajo requerido ya que justamente las dos prestaron servicios desde la creación del programa. Posteriormente la Comisión de Preadjudicación “recomendó” las contrataciones de ambas y el Coordinador General del MPF “no presentó objeciones” para la continuidad de los trámites.
Penitenciaria, adiestradora y empresaria
En el caso de Gómez, fuentes del MPF explicaron que “se le había vencido la inscripción en el Registro Único de Proveedores, por lo que no creía que podía presentarse en el proceso”.
El año pasado, la especialista también fue contratada por el MPF para capacitar al personal en “principios de adiestramiento canino”. En esa oportunidad se presentó en la Licitación Pública, fue la única oferente y le adjudicaron el servicio por doce meses, por un monto total de $3,4 millones.
Gómez es agente del Servicio Penitenciario Federal, cuya ley orgánica (20.416) prohíbe “prestar servicios remunerados o no, asociarse, administrar, asesorar, patrocinar o representar a personas físicas o jurídicas, empresas privadas o mixtas que tengan por objeto la explotación de concesiones o privilegios de la administración en el orden nacional, provincial o municipal, o fueren proveedores o contratistas de la Institución”.
El artículo 36 de la ley también le impide a los penitenciarios “intervenir directa o indirectamente en la obtención de concesiones de la administración pública o de cualquier beneficio que importe un privilegio”.
Esas limitaciones legales no fueron tenidas en cuenta al momento de concretar la contratación. La resolución 120/2024 del MPF, firmada por el administrador financiero Jorge Javier Frigerio, tampoco contó con un dictamen legal y técnico previo para aclarar, por ejemplo, por qué se obvió el artículo 13 de la Constitución provincial, que afirma: “Nadie podrá acumular dos o más empleos o funciones públicas rentados, aun cuando el uno fuera provincial y el otro nacional. En cuanto a los gratuitos, profesionales o técnicos, los del profesorado y comisiones eventuales, la ley determinará los que sean incompatibles”.
“La idea de incompatibilidad ética de un funcionario público responde a la posible existencia de un conflicto de intereses, donde se podría inferir que la imparcialidad del funcionario podría verse afectada respecto de la toma de decisiones en la jurisdicción donde presta sus servicios”, respondieron desde el MPF ante la consulta de El Sol. Y agregaron que “para el caso de la contratación del servicio de capacitación al personal del MPF en principios de adiestramiento canino, se utilizó la vía ordinaria de contratación, que es la Licitación Pública y posterior Contratación Directa al quedar la primera desierta”.
Así, desde el órgano encabezado por el procurador general Alejandro Gullé se apuraron en aclarar que no existieron irregularidades, que el convenio con Gómez “estuvo ajustado a derecho” y que no era necesario un dictamen legal y técnico para avanzar con la contratación.
“Mi perra vida”
Lo que no pudieron explicar es por qué Gómez utilizó a Mate y Peperina, dos perros de raza Multigen Australian Labradoodle comprados por el MPF para el programa “Contá conmigo”, como modelos para promocionar artículos para mascotas que vende a través de su empresa “Mi Perra Vida”.
La firma dedicada a la comercialización de productos y a la educación canina tenía dos perfiles de Instagram, pero uno fue eliminado esta semana. En el restante, se borraron los posteos que mostraban a Mate y Peperina con artículos del emprendimiento privado de Gómez.
La penitenciaria, adiestradora canina y empresaria admitió que los perros del MPF participaron en esos videos. Y que el material que promocionaron fue comprado por ella misma. Estas son algunas de las publicaciones suprimidas en Instagram:
“Podría ser peculado”, informó una fuente judicial. Se trata del delito contra la administración pública mencionado en el artículo 261 del Código Penal, que “se concreta cuando un funcionario público sustrae caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo; o emplea en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.