El Gobierno provincial retomó este lunes las negociaciones paritarias con los gremios estatales, con un saldo negativo: un sindicato rechazó la oferta salarial por considerarla “insuficiente” y otro ni siquiera se mostró dispuesta a recibirla, acusando al Ejecutivo de “incumplimientos” del acuerdo anterior.
Estos nuevos puntos de conflicto se suman a la tensión latente con los dos gremios judiciales, que mantienen su plan de lucha desde fines de marzo.
En un primer acercamiento, la propuesta salarial que acercó el Ejecutivo constó de un incremento de un 5% para julio, 5% en agosto y otro 5% en septiembre. El Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) rechazó la oferta y los representantes de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) ni siquiera la recibieron.
A esto se le suma la inminente definición de la Subsecretaría de Trabajo sobre la conciliación obligatoria dictada por el conflicto con los gremios judiciales (Funcionarios y Empleados, respectivamente), quienes adelantaron que no se van a sentar a la mesa de negociaciones realizada por el Gobierno para este miércoles.
La postura de los gremios
El primero en reunirse con funcionarios de la provincia fue el SUTE, que rechazó la propuesta considerándola “insuficiente“, aunque desde el Gobierno aseguran que no se trató de una negativa, sino que sólo se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves.
“Dejamos como exigencia recuperar el 18% que perdimos durante el primer semestre. También que resuelvan cuestiones vinculadas con el 70% de zona de algunas escuelas y un aumento del 25% en el ítem de los celadores del año 2013”, reclamaron desde el SUTE.
El próximo encuentro será el jueves a las 10, aunque referentes gremiales adelantaron que durante la primera semana de julio habrá un plenario provincial en el que analizarán posibles medidas de fuerza luego del receso invernal, en el caso de que no se consiga un acuerdo salarial.
Una postura mucho más beligerante tomó ATE. Roberto Macho aseguró que presentaron una nota por presunto incumplimiento de la paritaria anterior antes de recibir la oferta actual.
El dirigente gremial apuntó contra el Gobierno, pero también contra la Legislatura, debido a la reciente aprobación del paquete de Salud, que establecía algunas modificaciones en los regímenes de trabajo de los enfermeros y los técnicos en imagen.
“Antes que el Gobierno emitiera una propuesta, nosotros presentamos una nota de incumplimiento de la paritaria anterior, producto de que no se realizaron los pases a planta que se habían comprometido, como también las modificaciones en los regímenes laborales de algunos sectores de la Salud. Si el Gobierno no cumple con lo prometido, no puede presentar una nueva oferta”, explicó Macho.
Por otra parte, detalló que el aumento salarial alcanzado en la última negociación estuvo mal liquidado, y deslizó que la presión sobre los trabajadores es muy grande y que de no avanzar en mejores propuestas, “la situación va a estallar”.
“Esto es como una olla presión, que en algún momento revienta. La presión del Gobierno hacia los trabajadores de la provincia es insostenible. El Estado tiene más de 3.300 trabajadores en negro que hace rato debía pasar a planta. Esto no es personal, esto es una cuestión institucional. Tienen que hacer las cuestiones operativas como corresponde y como dice la ley”, fustigó Macho.
En este contexto, explicó que no hubo un pase a cuarto intermedio y confirmó la convocatoria a una asamblea general del gremio, que se realizará el 2 de julio, donde definirán las medidas de fuerza a seguir.
La situación judicial
La Subsecretaría de Trabajo debe definir este lunes si dicta el fracaso o si establece una prórroga de la conciliación obligatoria con el gremio de los Empleados y el de los Funcionarios Judiciales, respectivamente. En el caso de dictar una extensión, la misma estaría vigente hasta el inicio de la feria judicial, por lo que “despejaría” posibles medidas de fuerza hasta finales de agosto.
En este contexto, los empleados judiciales realizaron una asamblea en los Tribunales, en donde estableció una nueva reunión para este martes, para cuando ya habrá una definición del organismo que arbitra las paritarias.
“Estamos esperando la decisión de la Subsecretaría de Trabajo, allí definiremos cuál es el camino a seguir. Hay mucho enojo, entendemos que están pateando la pelota y no solucionan el problema de fondo. Los trabajadores están con muchas ganas de endurecer las medidas de fuerza”, explicó Ricardo Babillón, secretario general del gremio de empleados judiciales.
Más allá de esto, el Gobierno había convocado al gremio para esta mesa paritaria para el próximo miércoles, aunque desde el sindicato aseguraron que la voluntad es de no asistir.
“La oferta que trae el Gobierno significa seguir empobreciendo al sector público. El año pasado perdimos el 120%, sin contar la devaluación de diciembre. En algún momento hay que sentarse a discutir una recomposición salarial, y no los parches que acercan”, explicó Babillón.