La discusión sobre las “cajas negras” de la política ha sido puesta en el peor de los escenarios para las administraciones provinciales, es decir, como argumento de un ajuste que se impone desde Nación para equilibrar las cuentas del Estado. Estas cajas son los fideicomisos o fondos fiduciarios que han destinado desde hace años recursos millonarios para una diversidad de sectores productivos.
Por el momento, no hay mayor sospecha -ni denuncia judicial- que la que se ha generado en la batalla legislativa por la ley ómnibus. La quita de estos subsidios que han fondeado economías regionales, la obra pública o la regulación de tarifas asoma no sólo por la necesidad de desregular la economía sino como parte de ese tire y afloje tenso, ópaco, entre una administración central y los gobernadores. Ya sea que se interprete como venganza, escarmiento o la justa necesidad de corregir el déficit, esta medida impacta de lleno en las jurisdicciones, como es el caso de los subsidios al transporte o el de incentivo docente. De manera directa en los bolsillos ya deprimidos por la inflación.
En Mendoza también se utiliza esta herramienta para financiar actividades. Sobre todo, en la recuperación de la economía postpandemia, que requirió de una mayor musculación del aparato estatal para reactivar el comercio, la industria y la construcción particular. Representaron miles de millones de pesos para esto que, de nuevo, no es plata que cae del cielo sino es la que se produce a través del esfuerzo de los mendocinos y que se gestiona para darle un destino.
Pero lo que salta a la vista es que hay instrumentos financieros que se chocan entre sí: tradicionales fideicomisos como el Fondo de la Transfomación y Crecimiento con algunas de las modernas y diferentes líneas de Mendoza Fiduciaria y otras más, con menos publicidad, que se fueron creando en los últimos años. No se tiene en claro por qué se pisan unas a otras con recursos millonarios cuando el discurso local era el de ordenar la administración pública.
En momentos donde hay una mayor presión sobre los servicios estatales, y la demanda de subsidios crecerá y chocarán distintos intereses por efecto de la crisis, todavía está pendiente una de las discusiones más complejas y políticas que tendrá este año, que será la del fideicomiso de Portezuelo del Viento. No será la panacea, pero es una torta a la que muchos querrán meter la cuchara. Si no existe racionalidad, planificación y diálogo político, serán millones que se perderán en una fiesta para pocos.